Mientras la burguesía chilena brindaba con champán la muerte del presidente Salvador Allende, el pueblo chileno iniciaba su luto que perdura hasta nuestros días.

Ni siquiera se puede aducir que el comportamiento de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos de defensa de Pinochet haya sido producto del temor a un eventual golpe de Estado. Ya desde 1990 (con Patricio Aylwin de presidente) los gobiernos de la Concertación se molestaban públicamente con las críticas que le llegaban a Pinochet en el exterior cuando viajaba como comandante en jefe del Ejército.

Cada tropiezo alimenta la narrativa de Kast sobre la incompetencia del Gobierno, al cual acusa constantemente. Cada promesa incumplida nutre el descontento que el Partido Republicano canaliza con eficacia electoral.

Sin proyecto, sin programa, sin alternativa, no existe esperanza. Y sin esperanza, triunfa el oscurantismo. Sin un horizonte de cambio social, las clases populares sucumben al discurso redentor.

El contraste entre Cuba y Chile muestra dos concepciones distintas de democracia; ambos modelos revelan tensiones entre la forma y el fondo de la democracia: participación material en un caso: Cuba; y pluralismo sin herramientas directas en el otro: Chile.

El Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile conmemora el centenario de la Constitución de 1925, un hito que marcó la historia política, social y cultural del país. Este texto constitucional, promulgado el 18 de septiembre de 1925 por el presidente Arturo Alessandri Palma, redefinió el rol del Estado, amplió las libertades individuales y abrió el camino hacia la democratización política en Chile.

En América Latina, la desaparición forzada se instaló como política sistemática a partir de los años sesenta en Guatemala y luego se expandió a Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. La práctica fue perfeccionada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo el influjo geopolítico norteamericano.

La verdadera fuerza de trabajo del país, el pueblo trabajador, debe alejarse de estos mentirosos, y buscar sus expresiones políticas de genuino interés proletario, pues nadie, desde la falsa elite, hará el trabajo digno que este país requiere para mejorar.

Esto significa que, por un simple decreto supremo, cualquiera de los Presidentes de Chile, desde Pinochet a Boric, han podido nacionalizar la industria minera, pero nadie ha tenido el coraje y la inteligencia para hacerlo, como la tuvo el Presidente Allende.

No era asunto de la UDI que para los desiguales existiera el garrote, el saco en la cabeza y el maltrato. Años después estarían defendiendo a Colonia Dignidad y Karadima desde el gobierno de Piñera.