Convencional explicó que con lo aprobado, se consolida la idea "de un bicameralismo asimétrico y un presidencialismo atenuado" en la nueva Constitución. "Creemos que es un paso importante que se ha dado para fortalecer la democracia chilena, para que las instituciones del país efectivamente representen la voluntad popular", afirmó el abogado.

Con esto, se definió la conformación del Poder Legislativo en la nueva Carta Magna que deberá ser ratificada en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

También se estableció que el Estado "garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social".

Asimismo, gozarán de independencia respecto del gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento.

"Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la Naturaleza", señala el texto aprobado.

En materia de justica ambiental se aprobó que todos los órganos autónomos se rigen por el principio de paridad. Se promueve la implementación de medidas de acción afirmativa, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su integración sean mujeres.

Pleno de la Convención Constitucional aprobó la creación de la Agencia Nacional del Agua, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del recurso.

En una votación histórica, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la creación de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Defensoría de la Naturaleza.

Es cierto que tras el fin de la dictadura nuestra Constitución ha sido objeto de múltiples reformas –siendo las más relevantes aquellas aprobadas los años 1989 y 2005–, que han modificado algunas de sus reglas originales con el objeto de intentar congeniarlas con el régimen político institucional propio de una sociedad democrática, abierta, pluralista y respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, las modificaciones continúan mostrándose absolutamente insuficientes.

También se aprobó la iniciativa de derogación total o parcial de una o más leyes promulgadas bajo la vigencia de la nueva Constitución, no siendo admisible para aquellas que digan relación con tributos y con la administración presupuestaria del Estado.