El tribunal de alzada decidió acoger la solicitud de la defensa de la exsecretaria de Estado del gobierno de Michelle Bachelet, encabezada por la abogada Paula Vial, consideró que los hechos están prescritos, lo que fue adoptado en votación dividida por dos votos a favor y uno en contra.

La sentencia descartó la solicitud de las defensas de los imputados, uno de ellos Patricio Contesse Gonzalez, de sobreseer la causa. La defensa señalo considerar que los imputados no están siendo juzgados en "plazo razonable". Sin embargo, la Corte respondió señalando “plazo razonable” es más bien un concepto jurídico de carácter indeterminado, que debe ser examinado caso a caso, y que no se puede dejar sin efecto un complejo procedimiento penal solo por ese motivo.

Justicia reafirmó el actuar bajo el total apego a la ley por parte de la Municipalidad de Recoleta, y además, el hecho de que la obra ubicada en Dardinac #44 no tiene permiso de edificación, por lo que se debe dar cumplimiento a la orden de demolición decretada.

Ministra en visita procesó a Iturriaga en calidad de autor del delito perpetrado en la ciudad de Washington DC, el 21 de septiembre de 1976, a través de una bomba instalada en el automóvil que ambos ocupaban. Moffitt tenía en ese entonces veinticinco años.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, realizó el traspaso oficial de 44 cajas con carpetas, las cuales fueron despachadas hasta la oficina del ministro De la Barra.

Estado de Chile deberá pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos, por concepto de daño moral, a una persona que fue detenida el 12 de septiembre de 1973 y conducida al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional, donde fue sometida a brutales torturas.

Jorge Ignacio Soto Quiroga, de nacionalidad boliviana, casado, estudiante de Posgrado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Santiago –Flacso–, fue detenido el día 26 de septiembre de 1973 a la edad de 28 años, desde su domicilio, falleciendo posteriormente tras caer desde la azotea del edificio del Comando de Ingenieros del Ejército.

Coronel disparó su escopeta de manera antirreglamentaria, a menos de dos metros de distancia de la víctima y sin que existiese causa que lo justificara. Por ello, deberá cumplir una pena de 300 días de presidio y la suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Según la investigación del Ministerio Público, el sujeto, un exmilitar de 70 años, habría robado 78 pistolas CZ, además de otras cuatro armas que pertenecían al director del instituto y que estaban legalmente inscritas: una pistola y un revólver marca Taurus, una pistola Famae y otra FEG.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada -integrada por la ministra Maritza Villadangos y los ministros Antonio Ulloa y Matías de la Noi- decidió aplicar sentencia y elevar las penas de 10 ex militares envueltos en los hechos. El fallo se da 37 años después de que los ilícitos en contra del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y la estudiante Carmen Gloria Quintana, fueron perpetrados.