En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del municipio recurrido al no asegurar un proceso transparente, público y participativo de la comunidad local, por lo que dejó sin efecto el decreto alcaldicio que aprobó la modificación.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió que la información no sea conocida en noviembre de 2017. En el documento reservado al que accedió El Ciudadano aparecieron ex generales y coroneles que en 2015, ya jubilados, percibían montos millonarios adicionales a la pensión.

"El impacto y perjuicio a los patrimonios de quienes lograron sus viviendas con esfuerzo y trabajo sería altísimo, ya que no podrán vender fácilmente, hipotecar o modificar sus inmuebles, al quedar grabados por una eventual expropiación", explicó a El Ciudadano el abogado Julio Pallavicini, representante de las y los afectados.

Resolución se refirió a los Artículos 6 y 24 de la Convención de los Derechos del Niño, que obligan a considerar al recurrente de este caso como sujeto especial de derechos, "a quienes se debe garantizar el acceso a todos los servicios para el tratamiento de enfermedades".

Resolución recordó la obligación que le asiste al Estado chileno, "de impedir que la discordancia entre el sexo formalmente establecido y la identidad de género, se convierta en fuente de afectación de garantías".

En la arista "gastos reservados", el fraude alcanzó los $1.181 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2011 y 2015. De ese total, González Jure se habría apropiado de $123 millones, según los antecedentes entregados por el Ministerio Público.

Tribunal confirmó íntegramente la sentencia dictada por Vigesimoprimer Juzgado Civil de Santiago, que estableció la falta de servicio del municipio demandado.

Octava Sala del tribunal de alzada estableció que el acto "ilegal y arbitrario" de ambas entidades, que negaron la adquisición del fármaco por su alto costo, constituye una "amenaza grave" a la garantía del derecho a la vida del paciente, consagrada en el artículo 19 N°1 de la actual Constitución Política.

Para el abogado Francisco Ugás, coordinador jurídico de Estudio Caucoto Abogados, “es una sentencia inédita, ya que sienta un precedente digno de destacar, por cuanto reconoce y declara la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público, que dimana de los espurios decretos supremos que dispusieron el retiro absoluto de los 5 ex subtenientes, dictados con total desapego a la Constitución y las leyes, los que se tenían como antecedente injustas e infundadas imputaciones criminales, dirigidas en contra de los demandantes".

Para el tribunal, la institución castrense incurrió en una ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas.