El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señaló que una eventual acusación constitucional en contra de los jueces que aprobaron la libertad condicional de siete asesinos condenados por violaciones a los derechos humanos, generaría condiciones «más extremas» de funcionamiento en el máximo tribunal

Mientras la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile entregó una carta, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se reunió con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito.

Luis Felipe Polanco Gallardo había recibido el beneficio carcelario en julio de este año, por determinación de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Acción se dirigiría contra los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller y Manuel Antonio Valderrama y tendría como eje principal la acusación por notable abandono de deberes.

El organismo instó a todos los poderes del Estado “a abordar y regular las libertades condicionales y las rebajas de condena conforme a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente”.

“Hay familiares de las víctimas que no han tenido todavía certeza de dónde están los cuerpos de sus familiares. Estos criminales de lesa humanidad no han aportado en ningún caso a esclarecer estos hechos”, afirmó el diputado Daniel Núñez (PC).

En el marco del Caso Caval, el abogado de Natalia Compagnon, Antonio Garafulic, confirmó la presentación de una apelación en la Corte Suprema, en contra de la sentencia de 541 días de pena remitida a la que fue condenada su defendida por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua

El diputado Socialista Jaime Naranjo, dijo que la acción está basada en el desacato al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue ratificado por Chile el 6 de julio del 2009. Por su parte, el Humanista Tomás Hirsch afirmó que la decisión "es una acción política más que jurídica" y calificó como “gravísimo” que el Gobierno no haya condenado los fallos de la Corte Suprema.

Entre otros aspectos, el dictamen de la Corte Suprema no ha tenido en cuenta los parámetros establecidos por el Estatuto de Roma para reducir las penas de sujetos condenados por su participación en los delitos más graves conocidos por la humanidad, los cuales ya han sido utilizados con anterioridad por el mismo tribunal.

“El fiscal Abbott habla de transparencia y acá hay oscuridad. El fiscal Abbott habla de dos reuniones y hasta el momento sabemos de seis, siete o tal vez más. ¿Qué esconde el fiscal Abbott? ¿Por qué no dice la verdad?”, planteó Tomás Hirsch.