Enmarcada en la denominada “agenda corta antidelincuencia”, la indicación impulsada por el gobierno sanciona con cárcel a quienes filtren información de procesos judiciales que se encuentren en proceso. Desde La Moneda tratan de explicar, pero caen en permanentes contradicciones, ya que a las claras es una barrera infranqueble para el ejercicio del periodismo. Todo en un contexto de investigaciones judiciales a políticos involucrados en casos de corrupción.
