El Estado chileno fue condenado a pagar $70 millones a un periodista que fue torturado por la DINA en 1975; el fallo judicial, que rechazó la prescripción del caso por tratarse de crímenes de lesa humanidad, valoró el "trauma acumulativo" que sufrió la víctima, quien estuvo recluido en Villa Grimaldi, Tres Álamos y Melinka, hasta su exilio en Suecia