El Estado chileno tiene la obligación de garantizar los derechos de la infancia, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio. Educación, salud y una vida digna son derechos universales, no privilegios sujetos a papeleo o a decisiones discrecionales de una autoridad.

Hoy sostenemos, nuevamente, que no se puede hacer una propuesta con el Wallmapu ocupado militarmente.

Una vez más, la administración de turno del Estado chileno, con sesgo racista, ve en las comunidades indígenas a campesinos pobres, obreros agrícolas, folclor y masa corrompible y colonizable, cuando se trata de un pueblo distinto al chileno, con su propia cultura, organización, modo de producir y vivir, cosmovisión, vínculo especial y específico con la naturaleza.

Ningún país que pretenda llamarse democrático y desarrollado puede tolerar que su riqueza se siga construyendo sobre la precariedad y la muerte de su pueblo trabajador para beneficio de unos pocos capitales extranjeros y algunas familias herederas de la dictadura militar.

Chile fue el primer país en introducir el servicio militar obligatorio en América Latina, en 1900. Y no fue extraño que su Ejército fuese usado “eficazmente” por los sucesivos gobiernos en las grandes matanzas de Valparaíso (1903), Antofagasta (1906) e Iquique (1907).

Hernández Norambuena y Llaitul se niegan a ser tratados como delincuentes comunes porque su acción se enraíza en una historia colectiva de resistencia. Porque sus actos están motivados por una ética revolucionaria, no por la búsqueda de beneficio personal. Porque su prisión es política, y su palabra —cuando el Estado permite que se escuche— tiene más potencia que mil discursos parlamentarios.

El abogado Alberto Espinoza, defensor del werken de la CAM, cuestiona el fallo de la Corte Suprema que negó el traslado de Héctor Llaitul a un módulo de comuneros mapuche. Acusa al máximo tribunal de sustentar su resolución en antecedentes erróneos y en una mirada “racista y colonial” sobre la cultura del pueblo mapuche.

El compromiso con la memoria, la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición y el reconocimiento pleno a las víctimas exige que el Estado actúe de manera coherente y ejemplar.

Con esta acción el Estado chileno se retrata dando cuenta de la acción represiva y punitiva de facto contra los mapuche y que es aplicada por los actuales administradores de la justicia en Chile, por la clase política dirigente actual y que concretan los tribunales que históricamente han actuado de forma racista e intolerante en contra de nuestro pueblo.

El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó a Arauco, CMPC y al Estado chileno por prácticas de ecocidio y etnocidio en el Biobío, destacando el impacto irreversible en el territorio, el agua y la biodiversidad, así como en los derechos bioculturales del Pueblo Mapuche.