La acción judicial apunta a perseguir la responsabilidad de integrantes del Alto Mando, activos o en retiro, quienes a juicio del Instituto no llevaron a cabo medidas eficaces para poner freno a lo que estaba ocurriendo en esta materia.

El exuniformado, Patricio Maturana, está imputado por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas en contra de la parlamentaria, donde la Fiscalía pide 12 años de cárcel para Maturana. Campillai perdió la vista y el olfato por causa de la agresión.

Instancia parlamentaria fiscalizará los actos del Gobierno, especialmente los del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y analizará las acciones de Carabineros y del directorio de la empresa Metro S.A.

El abogado querellante en el caso, Luis Mariano Rendón, señala que "estamos hablando de delitos graves, que importan largas penas de cárcel y por tanto el peligro de fuga es real. El caso de Karen Rojo demuestra que no debe subestimarse la posibilidad que ello ocurra. Hay cientos de mutilados producto de una acción policial que no fue detenida inmediatamente".

La jornada de manifestaciones se desarrolló de manera pacífica hasta horas de la tarde. Solo en Bogotá hubo al menos 16 concentraciones que no afectaron la movilidad pública

Junto a un grupo de organizaciones sociales, la Comisión interpeló a los tres Poderes del Estado para que "cada uno de ellos, en el marco de sus atribuciones, cumpla con sus obligaciones y enfrente debidamente la grave situación que afecta a los presos de la revuelta social y a los cientos de jóvenes formalizados que se encuentran a la espera de la dictación de una sentencia".

Víctima resultó como contusiones faciales, fractura y aflojamiento de piezas dentales; múltiples hematomas y equimosis en cabeza, cara, cuello, abdomen y extremidades; además de un cuadro de estrés postraumático, según informe del Servicio Médico Legal.

Víctima recibió un balín en el ojo izquierdo, lo que le causó un trauma ocular con secuelas oftalmológicas de disminución de la agudeza y alteración del campo visual, además de estrés postraumático.

El joven de 24 años forma parte de los presos del Estallido Social, y permanecía en prisión preventiva desde enero de 2020. El pasado 30 de marzo fue declarado culpable por la Justicia chilena.

Magistrada Gabriela Contreras Piderit ordenó el ingreso de los imputados a la Subcomisaría Pudahuel Norte, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Además, fijó en 100 días el plazo de investigación.