Desde el golpe de Estado de 1973 se han cometido muchos atropellos, violación sistemática de derechos esenciales de la mayoría de la población, represión brutal durante y después de la dictadura, latrocinios de todo tipo de grandes empresarios y de políticos profesionales, destrucción de la naturaleza, avasallamiento de los pueblos originarios, entrega del país a las transnacionales y negación de la soberanía popular.

La tarde este viernes salió en libertad desde la Cárcel Santiago 1 Nicolás Piña, preso político de la revuelta, tras permanecer un año en prisión preventiva.

Las deficiencias y carencias presentadas por el programa desde su creación en noviembre de 2019, ya habían sido denunciadas reiteradas veces por la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular. El Hospital El Salvador tendrá 60 días de plazo para dar respuesta a las indicaciones señaladas en el informe de la Contraloría.

El objetivo es reparar integralmente a las víctimas y a sus familias, en todos los ámbitos de sus vidas afectados por las consecuencias del actuar estatal represivo perpetrado desde octubre de 2019, en contexto de la revuelta popular.

“Quienes salieron a luchar a las calles por los cambios profundos que Chile necesita, y que hoy estamos construyendo, siguen en la cárcel desde hace más de dos años y medio en una supuesta prisión preventiva, sin derecho a juicio, por lo que es urgente tramitar esta ley con la que podrán estar en libertad”, señaló la parlamentaria.

“El retiro de las querellas por ley seguridad estado es un paso, pero no es suficiente para cesar con la prisión política”, señala abogado especialista

Uniformado ejecutó a corta distancia dos disparos de munición antidisturbios en contra de la víctima -que solo caminaba por la Ruta 5 Norte-, impactándola en el rostro y provocándole la pérdida de la visión del ojo izquierdo.

En la audiencia de formalización la parte querellante buscaba solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para los acusados, lo que no prosperó. Hoy están en libertad y algunos siguen en funciones.

Los tres carabineros ya se encontraban formalizados por lesiones graves gravísimas con ocasión de tortura.

Magistrado Andrés Elgueta indicó que "de la evidencia producida en la audiencia no surgió antecedente alguno que permita justificar el uso de la fuerza por parte del personal militar en contra de civiles desarmados, lo que ya es suficiente para entender que la actividad del personal militar no se ajustó a derecho y por el contrario configuró diferentes delitos".