El objetivo del proyecto es “trazar una línea interpretativa, para los efectos de que las víctimas puedan impetrar la responsabilidad del Estado, y el pago de las indemnizaciones correspondientes por los actos o la omisión del Estado respecto de la protección de todas las víctimas que ha habido de estos procesos de violencia en La Araucanía y en el Estallido Social. O sea, comprende a todas las víctimas. Ese es el sentido político”, detalló el senador Francisco Huenchumilla (DC).

El estallido en Argentina llegó a su clímax porque la clase media no podía sacar sus ahorros de los bancos, política apodada como 'corralito'.

Francisco Camplá fue sentenciado a 541 días de presidio remitido por homicidio simple tentado, además de 3 años y un día por porte ilegal de armas y munición, y 41 días más por conducir en estado de ebriedad.

Con el objetivo de difundir la memoria y reflexiones de personas de todo el país, registrados en los tres primeros meses de la revuelta popular, los creadores de esta iniciativa audiovisual buscan llegar a los 50 millones de pesos en los próximos 12 días, para editar 120 horas de material audiovisual.

El pasado 7 de diciembre se cumplieron dos años desde que Pablo Casanova, conocido activista socioambiental de la comuna de La Florida, fue detenido en su hogar tras ser denunciado por el alcalde Rodolfo Carter y su hermano, el diputado Álvaro Carter, por supuestas amenazas de muerte tras una manifestación en plena Revuelta Popular.

Con el objetivo de difundir la memoria y reflexiones de personas de todo el país, registrados en los tres primeros meses de la revuelta popular, los creadores de esta iniciativa audiovisual buscan llegar a los 50 millones de pesos en los próximos 12 días para editar 120 horas de material audiovisual

El académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, presenta este viernes 10 de diciembre a las 18:30 horas -en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos- un volumen que explica la profundización de la violencia estatal a partir del 18 de octubre de 2019 y cómo ésta se emparenta con la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.

Tras darse a conocer la sentencia, los familiares de Rebolledo alegaron que no esperaban obtener una condena que no contemplase el presidio efectivo, por lo que recurrirán a la nulidad en los próximos días.

Efectivos dispararon a quienes protestaban de manera pacífica en la Plaza Sucre y Francisco Vergara. Debido a estos disparos, hubo ocho heridos, uno de ellos, menor de edad. Las víctimas sufren hasta hoy secuelas físicas y psicológicas.

Fiscalía pedía una pena de 12 años en contra del efectivo, pero con el delito establecido por el tribunal -cuasidelito de homicidio- se descartó una pena de crimen, por lo que el uniformado solo arriesga entre 541 días y tres años de presidio.