En este artículo se analizan los principales aspectos de la respuesta judicial frente a la rebelión popular de octubre de 2019 en Chile, y en especial los procesos de criminalización de quienes han sido imputados de participar en la comisión de delitos políticos y comunes en dicho contexto.

“Es una pequeña reparación para nosotros, las víctimas, y para los familiares de los compañeros que hoy no están y que murieron allí. Es una calle con mucho dolor que queremos comenzar a recuperar y que, mejor, que cambiándole el nombre que ya no representa a todos estos violadores de derechos humanos", expresó Campillai.

"El pueblo sabe lo que quiere y espera del gobierno del pacto Frente Amplio/Partido Comunista. Sólo se le exige que haga los cambios reclamados y urgentes una vez en posesión del aparato de poder del Ejecutivo, que permite hacer mucho si se es un buen estratega con un rumbo cierto..."

Con la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se “desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar" que ya había decretado la absolución.

Trabajo académico identifica los elementos novedosos del proceso constituyente chileno, tales como la paridad de género de los convencionales, la significativa representación de los pueblos originarios en las asambleas y la participación de los independientes en el debate político, entre otros aspectos.

El joven que tenía 16 años en el momento en que ocurrieron los hechos, fue absuelto, junto con su tío Daniel Morales, en un primer juicio y posteriormente, el Séptimo Tribunal de Juicio Oral, lo declaró culpable por el delito de incendio, en el segundo juicio oral que se llevó a cabo por el caso.

En su primer discurso como presidente electo, Gabriel Boric se refirió a los Derechos Humanos, señalando que su respeto "es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable".

"No descansaremos hasta que Sebastián Piñera sea sometido a juicio por su responsabilidad en las violaciones a los DDHH cometidas durante el estallido social. En cuanto comenzaron las mutilaciones debió dar la orden de hacerlas cesar. No lo hizo. Es culpable", expresó el abogado Luis Mariano Rendón, quien introdujo la querella.

El objetivo del proyecto es “trazar una línea interpretativa, para los efectos de que las víctimas puedan impetrar la responsabilidad del Estado, y el pago de las indemnizaciones correspondientes por los actos o la omisión del Estado respecto de la protección de todas las víctimas que ha habido de estos procesos de violencia en La Araucanía y en el Estallido Social. O sea, comprende a todas las víctimas. Ese es el sentido político”, detalló el senador Francisco Huenchumilla (DC).

El estallido en Argentina llegó a su clímax porque la clase media no podía sacar sus ahorros de los bancos, política apodada como 'corralito'.