No cabe duda que la derecha y el golpismo están cobrando bríos y que, bajo el pretexto de la inseguridad social, fenómeno innegable aunque exacerbado, los haga retornar a La Moneda. En una amnesia colectiva respecto de que las más poderosas y sanguinarias dictaduras siempre han tenido como promesa de la seguridad popular, el “orden” público y la prensa maniatada.

“El proyecto en rigor hoy día pone en discusión las prioridades que tiene el Gobierno, que se caracterizó inicialmente por ser ecologista, preocupado por el medio ambiente”, indicó el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

La noche del sábado 29 de octubre de 1988, Ramón Duarte Reyes, conocido por sus amigos y familiares como 'Ramucho' fue asesinado vilmente con un disparo en el pecho por un Carabinero que lo detuvo sin justificar.

Ministros del gobierno de Boric deberán optar por cuidar el medio ambiente y comunidades o dar luz verde a amenazante proyecto transnacional

Como en el fútbol —donde los goles que se pierden en un lado, se hacen en el otro— desde el 27 de marzo asistimos a un golpe blanco, institucional, que imagino los comentaristas historiadores, periodistas, etc, ingeniosos, denominarán «el Golpe de Semana Santa».

La “seguridad” en democracias progre, tuteladas por la burguesía, silencia el malestar social, y Chile no es una excepción.

Durante la segunda presidencia de Piñera el ingreso por pasos no habilitados se disparó a cifras nunca antes vistas, en especial desde principios del año 2019 cuando viajó a Cúcuta y luego que él y sus ministros repitieran que recibirían venezolanos mientras el país resistiera y que era positivo para Chile.

El Presidente, de forma inexplicable, dice defender por sobre todo el respeto a los derechos humanos, pero no atendió las advertencias de la ONU y otras organizaciones sobre las nefastas consecuencias sobre los derechos humanos que traería la promulgación de la ley Nain Retamal. Una renuncia ética grave, tanto más sino fuera solo política.

El derecho a la libertad de expresión es fundamental en las sociedades democráticas, y las instituciones estatales tienen la obligación de garantizarlo.

América Latina es un territorio de paz y no debe convertirse en el vagón de cola de la OTAN. El derecho internacional en estos momentos está siendo infringido tanto por Rusia como por la OTAN (Estados Unidos).