El fallo sobre el requerimiento de inconstitucionalidad de Sebastián Piñera en contra del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales pone en duda el rol del Tribunal Constitucional, al actuar como un órgano al servicio de los intereses de un mandatario, que apenas cuenta con un 7% de aprobación; y de la oligarquía financiera, la más férrea defensora del sistema de AFP.
