El caso de Lesbia Urquía, junto al reciente crimen de Berta Cáceres, se suma a los 111 asesinatos de activistas ambientales registrados en Honduras entre 2002 y 2014. Aunque las autoridades de Honduras intentan ocultar las claves de estas muertes a la opinión pública, ambos asesinatos ocurrieron en medio de la tramitación para la construcción de grandes centrales hidroeléctricas y en circunstancias que apuntan a la persecución política.

A cuatro meses del asesinato de Berta Cáceres, encuentran el cuerpo de Lesbia Urquía, otra activista hondureña comprometida con los derechos indígenas y los recursos naturales.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organizó también varias manifestaciones en el corazón de Washington DC, frente al BID y al Departamento del Tesoro.

La intervencionista Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aportó el dinero.

Algunas ideas surgidas respecto al golpe parlamentario a Dilma en curso: Confluyen en el golpe en curso contra Dilma en Brasil varias experiencias latinoamericanas de golpe de Estado como práctica política ad hoc a nuestros sistemas políticos administrativos

Se espera que la audiencia se realice en un plazo de entre 60 y 120 días.

Medios locales difundieron que también podrían estar implicados, como autores intelectuales, un diputado del Congreso Nacional de Honduras y un vicealcalde de unas de las comunidades que defendía la activista.

Hace cinco años, el 7 de abril de 2011, se informó en primera plana de La Jornada el descubrimiento de las fosas de migrantes en tránsito asesinados en San Fernando, Tamaulipas, que llegaron a sumar 193 víctimas adicionales a las 72 asesinadas.

Llamaron al Ejecutivo de Chile a "expresar al Gobierno de Honduras la consternación y preocupación de la sociedad chilena por el asesinato de esta reconocida líder indígena".

México es en la actualidad el principal país que deporta a migrantes hondureños.