La diputada Lorena Fries (FA) acusó al Gobierno de usar las rebajas de condenas a abusadores sexuales como una vía "soterrada" para liberar a criminales de lesa humanidad. En entrevista con Radio Biobío, denunció un "patrón de regresión" en derechos humanos que incluye el desmantelamiento del Plan de Búsqueda, la reforma al INDH y la falta de transparencia en la entrega de decretos.

La violencia ejercida por agentes del Estado produce discapacidades permanentes, destruye proyectos de vida y genera nuevas formas de exclusión social.

Lo que el Ejecutivo nombra como una reformulación al Instituto Nacional de Derechos Humanos en el proyecto de ley que ingresó -con suma urgencia- el 19 de octubre, es un desmantelamiento de sus facultades para la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Coordinación de Derechos Humanos de La Araucanía y el mismo INDH. Una amenaza al funcionamiento del principal organismo institucional encargado de fiscalizar en Chile la acción del Estado para proteger los derechos de sus habitantes.

Integrantes del Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile indicaron que ningún estándar internacional ampara que un gobierno determine por ley quién dirige la institución que debe controlar al propio Estado de manera independiente, para reemplazarla por personas de su confianza y destacaron que "el valor del INDH es que no depende de la coyuntura política del gobierno de turno"

Akademiker der Universidad de Chile kritisieren die Regierung von José Antonio Kast, die beabsichtigt, die Befugnisse des Nationalen Instituts für Menschenrechte (INDH) zu beschneiden. Sie warnen, dass die Reform die Verteidigung der Opfer ernsthaft gefährdet und die Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen erschwert.

Academics from the University of Chile have voiced strong opposition to a proposed reform by José Antonio Kast's government aimed at altering the National Institute of Human Rights, warning that it dismantles victim protections and undermines the body's autonomy.

Familias mapuche de Temuco presentaron acciones legales para frenar el cierre de escuelas rurales municipales que afectaría a más de 100 niños. Denuncian que perderían su educación intercultural y temen ser reubicados en zonas lejanas. El caso se suma al de otras comunas en la Araucanía, donde comunidades también rechazan el cierre de establecimientos.

Cuando el poder quiere silenciar a quien lo fiscaliza, no está en riesgo una institución: está en riesgo la democracia. Desde la provincia de Petorca respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque los derechos humanos no se protegen debilitando sus garantías, sino fortaleciéndolas.

En su primera cuenta pública Kast no anunció indultos, pero recordó que «la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar». En Punta Peuco esperan casi treinta solicitudes de condenados por lesa humanidad. Entre ellos está Miguel Krassnoff, agente de la DINA con más de mil años de condena, a quien Kast visitó en prisión.

La defensa de la abogada de derechos humanos Karina Riquelme presentó un recurso de amparo en la Corte de Valdivia por presunto seguimiento de la PDI. En una audiencia separada, la fiscalía confirmó que Riquelme no está siendo investigada, pero mantiene la reserva de identidad del fiscal interviniente.