"Necesitamos que nos digan si hay seguros al respecto. si hay un accidente, ¿quién responde? ¿Hay seguros frente a este tema? No nos han dado una respuesta concreta”, afirmó el alcalde de la comuna, Rubén Cárdenas.

De acuerdo al “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos esta semana, 11 casos de esta naturaleza están radicados en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé, manteniendo en alerta a las distintas comunidades de dichas zonas.

En junio pasado, la Corte Suprema de Justicia resolvió después de muchos años que la desaparición forzada en democracia de José Huenante, sea conocida por la justicia ordinaria, sacando la causa así de la justicia militar. Con esto se abre la posibilidad de que el caso pueda ser investigado con mayor imparcialidad, tal como lo ha solicitado el Instituto Nacional de Derechos Humanos que es parte querellante.

Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Temuco declaró inadmisibles dos recursos de apelación en favor de José Peralino Huinca (en la foto), presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por la defensa del comunero

En el Tribunal Oral en lo Penal de Arica se inició el juicio oral contra cinco imputados extranjeros acusados de asociación ilícita y de los delitos reiterados de tráfico ilícito de migrantes, de aproximadamente 95 víctimas, principalmente de origen dominicano

El Juzgado de Garantía de Cauquenes acogió un recurso de amparo presentado por la sede regional del Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que interpuso la acción legal luego de constatar en una visita inspectiva al Centro de Cumplimiento de Cauquenes, que dos personas privadas de libertad se encontraban segregadas en el módulo […]

Dos funcionarios de Gendarmería de Chile, pertenecientes al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Antofagasta, fueron condenados por el delito de apremios ilegítimos, por haber inferido castigos a un interno del Módulo 88, en diciembre del año 2016

El Convenio 169 de la OIT plantea que el Estado tiene la obligación de consultar las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas, opinión que el Instituto presentó en un documento respecto de un recurso de protección interpuesto por agrupaciones atacameñas y collas, por explotación de litio en dos salares.

El Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a un ciudadano chino por el delito de trata de personas para fines de trabajos forzados

Organismo emplazó al Estado a que defina de manera precisa el delito de “terrorismo” en la legislación; a que se investigue y juzgue la violencia sexual policial contra mujeres; a que se persigan los casos de muertes de niños/as custodiados por el Estado; y a derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entre otros aspectos.