Las organizaciones denuncian que los más de 35 años de subvención a la agroindustria, ha traído sendos dividendos para un grupo reducido de empresarios, pero a costa de sequía, desertificación, aumento desmedido de enfermedades
ligadas a agrotóxicos, dependencia alimentaria y vulnerabilidad país ante escenarios de crisis, como la pandemia, y en consecuencia indican que la nueva ley de riego debe hacerse cargo de estos impactos y que "no hay futuro para el
campo chileno con 12 años más de ley 18.450 en los términos planteados por Piñera".