Al renacionalizar el cobre y los bienes públicos estratégicos, la Nueva Constitución derogará de inmediato todo el articulado y legislación complementaria enquistadas en el ordenamiento constitucional de Pinochet que, en flagrante contradicción con esta histórica disposición, entregaron a título gratuito y a perpetuidad la propiedad efectiva sobre los minerales a un puñado de grandes consorcios transnacionales.
