La nacionalización aseguraría un nivel de producción que responda de manera adecuada al financiamiento del Estado, a los derechos sociales, a las necesidades del país, de sus pueblos, de sus regiones y sus ecosistemas en una perspectiva intergeneracional. Asimismo, resguarde los intereses nacionales y la reparación de los de los daños medioambientales y de las zonas de sacrificio. Las grandes transformaciones del país necesitan recursos financieros y el cobre puede brindarlos.
