Los ilícitos se cometieron en la contratación por $205 millones del hotel Clínica SpA para recibir a personas contagiadas con Covid-19, no obstante, se detectó que el hotel - vinculado al exjefe de la DIVAP - fue creado el 24 de marzo de 2020, después de que se registrará primer caso de coronavirus en Chile.

Debido al aumento de pacientes que requieren hospitalización por Covid-19, la Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió una resolución para que los prestadores cerrados de alta complejidad aumenten la disponibilidad de camas.

“Nosotros vamos a entregar los correos electrónicos a la brevedad posible. Son miles los correos electrónicos que hay que seleccionar, como se hizo antes. Esto, además, debe contar con la colaboración de Entel ya que es la (empresa) que tiene la base de datos”, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.

El Minsal tiene un plazo de cinco días hábiles para dar a conocer estas comunicaciones, aunque el Ministerio también puede presentar hasta el 11 de febrero un recurso de queja ante la Corte Suprema.

«Pedimos que si se brindó el servicio y se hizo la ayuda, con una tarifa muy reducida y en eso casi no hay rentabilidad, sino que se brindó como una ayuda, se pague lo que se ofreció. Hay hoteles que hoy tienen deuda del MINSALa los que le han estado llegando cobranzas por atraso en las contribuciones», indicó el presidente de la Asociación Gremial de Hoteleros de Chile, Alberto Pirola.

Decenas de viajeros internacionales, de diversas nacionalidades, llegan al aeropuerto de Pudahuel, donde los ágiles del Minsal deciden –por cojones– enviarles de regreso a su lugar de origen sin ofrecer ninguna explicación. Peor aún, mostrándose rudos y arrogantes, para no decir brutales e insolentes.

La tasa de positividad a escala nacional se eleva a 6,90%, mientras que en la Región Metropolitana ya se ubica en 7,39%.

Enrique Paris detalló que el plan será "como al inicio de la vacunación, con adultos mayores, personal sanitario, personas con comorbilidad, que son las que más se agravan".

Las y los trabajadores afectados realizaron la solicitud a Contraloría respaldados por Victoria Escalante, directora nacional de ANEF, Carolina Pizarro, consejera nacional de la CUT, y el diputado electo Andrés Giordano.

Si Daza no percibe el sueldo que le corresponde como subsecretaria de Salud Pública debido a su renuncia, la multa por infracciones a la Ley de Transparencia difícilmente podría efectuarse.