Gestiones de Organizaciones de Chiloé, Aysén y Magallanes logran frenar nuevas invasiones y relocalizaciones en importantes áreas de conservación

Producto del grave daño ocasionado sobre el Parque Nacional Alberto de Agostini, emplazado en los Fiordos del Sur de Chile de la Región de Magallanes y Antártica Chilena

La empresa sobrepasó el límite, produciendo un 30% más de lo establecido en sus permisos para trabajar, en especial en un área protegida.

Es la primera vez que la Superintendencia de Medioambiente ordena la revocación de tres resoluciones de calificación ambiental a una empresa. La sanción contempla también una multa de más de 900 millones de pesos, por alterar de manera artificial el fondo marino de uno de sus centros en Punta Arenas.

A través de la Ley Navarino se entregaron $299.343 millones en subsidios a 207 empresas de diversa índole. De ese monto, $131.564 millones fueron destinados a Nova Austral S.A., entre 2001 y 2020, lo que se traduce en el 44% del total bonificado en aquel periodo.

La Fiscalía de Magallanes formalizó a cuatro exejecutivos de la empresa salmonera quienes informaron datos falsos sobre los peces sembrados y cosechados, y las tasas de mortalidad de los centros de cultivo. A lo que se suma también la introducción de químicos al mar que esterilizaban a los animales.

Mario Argel Uribe, extrabajador de la compañía, se encuentra citado para declarar como testigo en la investigación que está realizando el Consejo de Defensa del Estado de Chile contra Nova Austral por el ilícito de la destrucción del fondo marino bajo sus balsas-jaulas en la isla Capitán Aracena.

Nova Austral recibe miles de millones de pesos al año por una subvención estatal para producir con manos de obra nacional, otorgada a través de la ley Navarino. Entre 2001 y junio de este año ha recibido más de $137 mil millones bajo este concepto.

Se trata de Nova Austral, de capitales noruego-estadounidenses-, que tiene sus instalaciones en la región de Magallanes y que ha violado la Ley de Pesca y Acuicultura.

Empresa infringió la ley de pesca y los reglamentos sanitarios, al presentar un subreporte de mortalidad por más de dos mil toneladas de especímenes, entre 2016 y 2019.