A 53 años del Golpe de Estado, la Corte Suprema volvió a guardar silencio y no pidió perdón por su rol durante la dictadura, destacando la complicidad del Poder Judicial con las violaciones a los derechos humanos. Entre los puntos de conflicto, está la legitimación de la Junta en 1973, el hostigamiento a jueces opositores, la Ley de Amnistía y el rol de la justicia militar.

La Casa Blanca ha logrado el alineamiento regional que necesita para sus grandes disputas, tanto ideológicas como geopolíticas, con un creciente riesgo de involucrarnos materialmente en esos objetivos: el afianzamiento de la ola reaccionaria político-ideológica que sostenga una nueva modalidad de acumulación capitalista y la correlación de fuerza para el enfrentamiento vital con el proyecto chino.

Ni siquiera se puede aducir que el comportamiento de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y Lagos de defensa de Pinochet haya sido producto del temor a un eventual golpe de Estado. Ya desde 1990 (con Patricio Aylwin de presidente) los gobiernos de la Concertación se molestaban públicamente con las críticas que le llegaban a Pinochet en el exterior cuando viajaba como comandante en jefe del Ejército.

Esta realidad debe asumirse como un escalón más en el declive imperial, que logra reunir en un mismo ciclo hechos y acontecimientos críticos de carácter coyuntural en el plano internacional, en el plano político-económico interno, en ámbitos de convivencia social, junto a fenómenos de larga duración y de composición estructural que se siguen acentuando.

Estimado lector, se ha preguntado ¿cuánto cuesta el uniforme que visten los funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros (verdaderos tonton macoutes), para reprimir las manifestaciones callejeras? Se lo cuento...

La Corte Suprema de Chile confirmó la condena contra un exoficial del Ejército chileno, por el secuestro de Mónica Benaroyo Pencú, ciudadana uruguaya detenida en 1973 en Arica. Aunque un tribunal ordenó su libertad, permaneció secuestrada y torturada. Sus restos, hallados en 2008, decapitada, fueron repatriados a Uruguay. La pena, de solo tres años, reabre el debate sobre la justicia en crímenes de lesa humanidad.

Pressure escalates in the Quilleco Case as Mapuche community members announce an indefinite hunger strike to demand the annulment of the trial, due process, and urgent improvements in the CCP Temuco.

Escala la presión por el Caso Quilleco: comuneros mapuche anuncian huelga de hambre indefinida para exigir la anulación del juicio, debido proceso y mejoras urgentes en el CCP Temuco.

El mecanismo de control se repite: sexo, drogas y la cámara de video encendida. Una trampa de miel donde cayeron los dueños del capital, como los Luksic, junto a esa fauna de la farándula televisiva y los políticos de la derecha chilena.

Gloria Ana Chevesich raised her voice, stating, "what has been done by a few should not be a stigma for the vast majority of us who work honestly and diligently," referring to the "horrible years" recently faced by the judiciary, including the cases of removed justices Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, and Diego Simpertigue from the Supreme Court, and Verónica Sabaj and Antonio Ulloa from the Santiago Court of Appeals.