Acción judicial busca establecer la responsabilidad penal de quienes, "entre el 18 de octubre de 2019 y el 19 de noviembre de 2019, omitieron impedir o hacer cesar la aplicación de apremios ilegítimos y otros tratos teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello".

"La tortura o cualquier trato cruel, inhumano o degradante no pueden ocurrir en las cárceles de nuestro país ni en ningún espacio de privación de libertad, por lo que llamamos a las autoridades responsables para que estas deleznables situaciones no vuelvan a repetirse", afirmó la directora del Instituto, Consuelo Contreras.

Acción judicial busca juzgar a Micco "por su responsabilidad en calidad de encubridor de los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado".

Acción judicial fue presentada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, "respecto de quienes resulten responsables, porque aún no existe información acerca de qué grupo o personas han tenido que ver con esta situación", indicó la vocera de la Corte Suprema.

"Han demostrado ser traidores e incompetentes, no han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyente. Si debemos visitarlos en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho de hacerlo”, forma parte del texto recibido por los parlamentarios en sus correos institucionales.

La acción legal "se basa en amenazas de muerte y fusilamiento contra ex convencionales, dichos peyorativos y discriminatorios contra representantes de los Pueblos Originarios en el proceso constituyente y, sobre todo, amenazas en contra de aquellas personas que comulgan con ideas políticas distintas, propagando abiertamente métodos ilícitos".

"La Fiscalía ha violado todas las normas establecida en el código procesal penal. Es un mecanismo excepcional que interfiere con el derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones. Deben ser utilizada de forma muy acotada por Fiscalía estrictamente para la investigación de hechos delictivos. todas las conversaciones de Llaitul que no tenían que ver con los hechos delictivos, nunca debieron ser ni siquiera transcritas, mucho menos incorporada a la carpeta investigativa", expresó Rendón.

Por estos hechos ya hay un detenido: el conductor de la carreta que atropelló a un grupo de personas, con el saldo preliminar de un lesionado, trasladado a la Posta Central.

Esta mañana la Subsecretaría de la Niñez anunció que desde el Gobierno presentaron una denuncia ante la Fiscalía por la "performance" en Valparaíso, sumándose a las querellas anunciadas por los comandos del Apruebo y la Defensoría de la Niñez.

"La derecha en Ñuñoa naturalizó la corrupción. Hoy nos querellamos en contra del exalcalde Zarhi y los exdirectores de la Corporación de Desarrollo Social por presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Con la plata y la confianza de nuestros vecinos no se juega", indicó la alcaldesa Emilia Ríos.