Entre los hechos se cuenta la violación de una mujer de 22 años, la agresión física y verbal contra un hombre de 22 años, y tres contenciones mecánicas y uso de ingreso solitario a sala de aislamiento de hombres de 54, 46 y 52 años respectivamente.

Los querellados son Héctor Barros y Milibor Bugueño, responsables de la realización del allanamiento.

"Estos dichos tienen una característica común: la misoginia. La denuncia fue presentada en la Fiscalía, y busca dar un gran 'no' a la intolerancia que él manifiesta a través de las redes sociales", señalaron desde la Asociación de Abogadas Feministas.

Medida fue tomada tras una reunión del Comité Comunal de Gestión del Riesgo y Desastres, donde se estableció que en el lugar hay un grave daño al ecosistema.

"Nos parece inaudito que cualquier ciudadana o ciudadano que deba dinero a una casa comercial sea perseguido o embargado, y que hoy día existan personas que han desfalcado, asaltado, saqueado la salud y la educación municipal de las personas más vulnerables y no ocurra nada", declaró la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) al dar a conocer la acción legal.

Documento presentado por los uniformados detalla que la querella "va en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de homicidio a carabineros, en el ejercicio de sus funciones (…) en grado de ejecución frustrado".

"Sólo entre estos tres estrechos colaboradores del ex alcalde Alessandri, el Municipio de Santiago desembolsó, por trabajos extraordinarios que no habrían sido realizados, $147.286.101. La justicia deberá determinar eventuales delitos", afirmó la alcaldesa Irací Hassler.

"Rechazamos la estrategia de las Isapres que amenazan a beneficiarios y al cuerpo médico por el reposo laboral terapéutico en enfermedades de salud mental. Hacemos un llamado a trabajar en medidas con mirada de seguridad social", afirmó la presidenta del Colmed, Izkia Siches.

"Al tratarse de personas que ostentaban cargos directivos de confianza del ex-Alcalde Felipe Alessandri, procedieron a construir una causal de despido con el objetivo de habilitar pago de finiquitos de manera irregular", afirmaron desde el municipio en un comunicado.

La Contraloría detectó diferencias significativas entre la venta de entradas al lugar y la recaudación efectiva entre enero de 2017 y julio de 2018. El monto que el municipio pudo percibir por la venta de tickets debió ascender aproximadamente a $1.670.635.800, pero obtuvo $31.802.200.