María Loreto Zaldívar, interpuso la acción judicial en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y fue admitida a trámite y va dirigida contra los que resulten responsables. Denuncia que no solo usurparon el nombre de su padre, sino también falsificaron su firma y timbre notarial.

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) indica que, Javiera Blanco, valiéndose de su calidad de Subsecretaria de Carabineros, recibió pagos improcedentes en su calidad de funcionario público, entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010, por una suma total no inferior a $47.300.000

Al inicio del encuentro, la plataforma virtual que se utilizaba fue “hackeada” por terceros, quienes proyectaron imágenes sexuales inapropiadas, transgrediendo así la integridad de las y los participantes.

Samuel Donoso, abogado de Sebastián Pilera, planteó en el recurso -que finalmente fue declarado inadmisible por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago- que su representado no ha tenido responsabilidad en el diseño e implementación de la estrategia sanitaria.

Esta acción fue presentada por el equipo jurídico del espacio de memoria Londres 38, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) y el Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (CED).

Víctima recibió el impacto de 11 perdigones en su cara, lanzados con una escopeta antidisturbios que pertenecería a Crespo, desde un “zorrillo” de Carabineros.

Acción judicial presentada por la abogada Orietta Llauca también incluye al alcalde y al Concejo Municipal de Puerto Montt, por la destrucción del Humedal 5 Lagunas, ubicado en las cercanías de Valle Volcanes.

CDE sostuvo que "la violencia ejercida por el uniformado careció de justificación, fue contraria a todo protocolo que regla el accionar policial y provocó un grave sufrimiento a la víctima".

Conocida como Operación Topógrafo, la interceptación telefónica tuvo la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, usando la Ley de Inteligencia

Organismo acusó "extrema vulneración de derechos" de una mujer de 55 años de Chillán y su hija discapacitada, por parte de funcionarios de la Policía de Investigaciones.