La industria salmonera, tras generar colapso sanitario y ambiental en varias zonas de Los Lagos y Aysén, continúa presionando por expandirse en la Patagonia austral amenazando áreas protegidas y especies únicas. Comunidades indígenas y científicos denuncian lobby intenso y falta de fiscalización. Por su parte, en Argentina, intentan modificar la pionera Ley 1355 que prohíbe la actividad en Tierra del Fuego, ejemplo mundial de protección binacional.

Trece salmoneras recibieron $183 millones en subsidios estatales (2014-2023) incumpliendo requisitos legales: trabajadores sin residencia en zonas extremas, salarios bajo mínimo y contratos finalizados, resalta una reciente investigación de TERRAM. Pese a evidencias de posible fraude al fisco, Tesorería no denunció al Ministerio Público, lo que estaría violando la Ley 19.853.

Un estudio del IFOP revela que el piojo del salmón (Caligus rogercresseyi) ha desarrollado mayor resistencia al antiparasitario azametifos (66,7% efectividad), con un aumento del 37,1% en la dosis necesaria para eliminarlo. Diversos ensayos de laboratorio buscan contribuir a su control.

Tras plantear la necesidad de "matar la Ley Lafkenche", el expresidente ha sido criticado por actuar como un lobista de las salmoneras.

Exgerentes y exjefes de área de la salmonera fueron hallados culpables del delito consumado y reiterado de contaminación de aguas y de entregar información falsa a la autoridad, según resolvió el Tribunal Oral de Punta Arenas.

A través de un video, el lonko y pescador artesanal Daniel Caniullan exigió igualdad y justicia frente a la industria salmonera. "Esperamos que la autoridad aplique la ley por ambos lados", afirmó.

La empresa salmonera aseguró que sus concesiones cuentan con respaldo legal desde hace más de 20 años y descartó operar sobre áreas de manejo o zonas de pesca artesanal.

Organizaciones ambientalistas de Noruega, Canadá, Chile, Escocia y Australia, denuncian que el nuevo Estándar de Granjas ASC favorece a la industria salmonera, no a los océanos. Critican permisividad en químicos, piojos de mar, uso de peces silvestres como alimento y antibióticos, además de excepciones en áreas protegidas. Advierten que la certificación ASC promueve el Greenwashing (lavado verde) a prácticas que catalogan de insostenibles y falla en proteger ecosistemas marinos.

Amplios y diversos sectores en Argentina rechazan el proyecto de salmoneras británicas en Islas Malvinas, alertando sobre ecocidio similar al de Chile. Representaciones políticas, ambientales y sociales exigen proteger la Patagonia de un modelo destructivo ya prohibido en Tierra del Fuego.

La salmonera Australis Seafoods enfrenta un complejo proceso judicial, tras autodenunciar la sobreproducción de más de 100 mil toneladas de salmón. Mientras surgen cuestionamientos a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por su rol durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.