Larraín criticó el poco margen de acción que tendrá la nueva instancia, que ha sido precedida por una serie de acuerdos y convenios con organismos públicos y privados europeos

“No podemos retroceder y estamos muy mal en este nuevo escenario constituyente. Debemos mantener lo que hemos logrado con el primer texto constitucional en materia ambiental, pero es escaso el margen de participación” afirmó Sara Larraín, directora de Chile Sustentable en el marco de la campaña de difusión de las iniciativas de normas populares ambientales que llevan a cabo distintas organizaciones sociales ambientales.

El logro más importante es que la Ley SBAP viene a completar la institucionalidad ambiental del país, permitirá la implementación de la ley de Cambio Climático y el país contará con un servicio dedicado exclusivamente a la conservación de su biodiversidad, que es única en el mundo y está sumamente amenazada.

El galardón ha sido también otorgado a la expresidenta Michelle Bachelet, Antonio Horvath (póstumo), ex senador de la República; a Roberto Román (póstumo), profesor y académico de la Universidad de Chile; y a Carlos Finat, ex director de ACERA, por su aporte a la industria de la energía en Chile.

Directora de Chile Sustentable advirtió que las medidas anunciadas "no van en la línea de lo que el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) han estado promoviendo".

Flavia Torrealba, presidenta de la colectividad, hizo un llamado a unificar el compromiso del regionalismo verde y social de la FREVS, con un discurso centrado en el difícil momento que atravesamos respecto a la crisis climática y ecológica del planeta.

Fundación Chile Sustentable valoró la firma del Acuerdo de Escazú y las leyes de Cambio Climático y de Almacenamiento, pero advirtió que el rechazo a la nueva Constitución fue un retroceso importante en garantizar los derechos de la naturaleza en nuestro país.

Estudio presentó la primera simulación de retiro del gas del sector eléctrico, de acuerdo con las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para países de la OCDE con economías avanzadas. El documento muestra los ahorros operacionales y de inversión de las empresas que alimentan el sistema eléctrico al desplazar al gas natural entre 2035 y 2040.

La directora del organismo, Sara Larraín, planteó que la normativa permite acelerar la descarbonización e ingresar las energías renovables al sistema eléctrico, terminar con el vertimiento de generación renovable y descongestionar las redes de transmisión.

A semanas de asumir el nuevo gobierno y con un proceso constituyente en curso, la pregunta es si vale la pena cambiar el Código de Aguas cuando la principal norma que es la Constitución será la que a fin de cuentas sentará las bases de la gestión de este elemento vital, para el ser humano y los ecosistemas. La respuesta es sí. Es importante.