Magistrada Natacha Ruz Grez ordenó el ingreso de los policías al Centro de Detención Preventiva Santiago 1, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Durante el estallido social, el estudiante Nicolás Lüer aseguró haber sido torturado en la comisaría subterránea que se encontraba en la estación y que escuchó gritos de personas pidiendo auxilio.
"Carece de experiencia operativa en las funciones más delicadas de una institución clave para garantizar el orden público y la seguridad", señaló la periodista en una carta.
El documento establece que se ha producido "un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos", un uso "innecesario y desproporcionado" de armas contra protestantes pacíficos y se habla de dos posibles "ejecuciones extrajudiciales".
"Existe evidencia más que suficiente de un gobierno que perdió por completo el control de la situación del orden público del país, que bajo su vigilancia se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos", argumentó el senador.
