Asociación de Funcionarios del TC acusó a María Luisa Brahm de generar un clima laboral "inaceptable, dada la existencia de abuso y maltrato como un problema recurrente, generalizado y estructural".

“El Gobierno se está quedando solo en su tozudez de recurrir al TC, luego que RN le solicitara desistir de esta acción, y cuando algunos parlamentarios de la UDI ya anunciaron que votarán a favor del tercer retiro. Es decir, ni sus propios aliados respaldan al Gobierno en esta materia”, afirmó el jefe de la bancada de diputadas y diputados del PPD, Raúl Soto.

Frente a las altas probabilidades que que se apruebe el proyecto de retiro del 10%, desde el gobierno advirtieron que nuevamente recurrirán al TC para frenarlo.

El recurso legal fue aprobado en enero de este año pese a la negativa de sectores conservadores sin embargo, el retroceso nace del mismo órgano legislativo

"Se advierte que los hechos denunciados se relacionan con asuntos que exclusivamente a la judicatura ordinaria le corresponde valorar y resolverá", señalaron

El proyecto de reforma constitucional faculta a los afiliados y pensionados de las AFP a efectuar un retiro de hasta un 10% de sus fondos. Así también, establece que el Estado deberá emitir un bono de reconocimiento que se abonará a los afiliados y pensionados que hagan retiros para no mermar su pensión

Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento presentado por la Oposición contra la Ley de Migración y Extranjería.

Ni un triunfo ni una derrota significó para las organizaciones migrantes la resolución que se dio en un fallo dividido entre los miembros del Tribunal

El fallo sobre el requerimiento de inconstitucionalidad de Sebastián Piñera en contra del proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales pone en duda el rol del Tribunal Constitucional, al actuar como un órgano al servicio de los intereses de un mandatario, que apenas cuenta con un 7% de aprobación; y de la oligarquía financiera, la más férrea defensora del sistema de AFP.

Abogados, parlamentarios y organizaciones señalan que algunas de las normas propuestas representan graves restricciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes, entre ellos, niños, niñas y adolescentes.