Dicha ley, aprobada en mayo pasado por el Congreso Nacional, amplía las multas y privación de libertad para los llamados “delitos de cuello y corbata”

Para los defensores del parlamentario, esta jugada de la fiscalía estaba fuera de la normativa legal

El plazo para ingresar enmiendas al texto elaborado por la Comisión Experta vence el próximo lunes 17 de julio. Desde Chile Vamos y Republicanos buscan llegar como un bloque unido a la votación para alcanzar los 2/3 necesarios para modificar el texto constitucional.

La Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) acudió este lunes al Tribunal Constitucional para intentar frenar la ley que pena con cárcel los delitos de corrupción, colusión, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito. Desde el Gobierno han manifestado su molestia ante el intento de anular por secretaría un proyecto que fue discutido durante tres años en el Congreso Nacional y despachado con acuerdo transversal.

El recurso presentado por los abogados Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube denuncia que la ley "selecciona" a un grupo determinado de personas -los empresarios- para aplicarles un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general. Desde el Gobierno lamentaron que la CPC intente frenar la entrada en vigencia de una ley que pondría fin a "las clases de ética" como sanción por los delitos de corrupción, colusión o enriquecimiento ilícito.

Los fallos del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema sobre las Isapres han estado en el vórtice de la agenda política y económica reciente. El centro político y la derecha buscan rescatar a las aseguradoras de su debacle. El Gobierno ha sostenido una línea de respetar las sentencias, pero ha mostrado atisbos de poder negociar una salida.

La reivindicación de Pinochet por la Concertación fue aún mayor en el ámbito económico. Es decir, en la aceptación que hicieron sus gobiernos de las estructuras económicas y sociales heredadas de la dictadura que respondían a un neoliberalismo extremo y a los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales.

Pica  falleció a causa de un infarto en dependencias de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, donde impartía clases de Derecho Constitucional desde el año 2005

Abogados de DDHH presentarán un recurso de nulidad por la decisión de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento que pidió un control de convencionalidad, para que el máximo tribunal determinara si la normativa se ajusta a las obligaciones internacionales en materia de derechos fundamentales. Además, la Defensoría Popular solicitó al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la cuestionada Ley.

La sanción de expulsarla se había tomado pese a que la ciudadana vive en esa nación desde 1995 y está a cargo de su única hija que nació en 1998 y es de origen español