Efectivos dispararon a quienes protestaban de manera pacífica en la Plaza Sucre y Francisco Vergara. Debido a estos disparos, hubo ocho heridos, uno de ellos, menor de edad. Las víctimas sufren hasta hoy secuelas físicas y psicológicas.

Jefa comunal se refirió al futuro del proyecto inmobiliario Las Salinas, cuyo gerente de desarrollo se mostró "disponible" a una reformulación de la iniciativa, muy cuestionada por sus implicancias medioambientales y sociales.

Diputado Rodrigo González aseguró que no se justifica la construcción de esta cuestionada autopista, y que está en manos de la alcaldesa poder invalidar la expropiación.

"Nos parece inaudito que cualquier ciudadana o ciudadano que deba dinero a una casa comercial sea perseguido o embargado, y que hoy día existan personas que han desfalcado, asaltado, saqueado la salud y la educación municipal de las personas más vulnerables y no ocurra nada", declaró la alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) al dar a conocer la acción legal.

Mario Arancibia González y Mario Guzmán Yuri serán imputados por los delitos de homicidio frustrado en contra de ocho víctimas, hechos ocurridos cuando los uniformados realizaron disparos injustificados que hirieron y lesionaron a varias personas.

Pese a la existencia de un convenio firmado con el municipio viñamarino que establecía la transferencia del terreno a título gratuito y sin condiciones, el Serviu igual emitió una orden de expropiación por 3 mil millones de pesos para los terrenos del Mall Espacio Urbano de 15 Norte.

"Hay más de 20 directores que han cometido los mismos presuntos delitos que los tres funcionarios formalizados, incluso hay algunos que recibieron más horas extras que aquellos que están formalizados, donde la principal responsable de entregar esos beneficios es la ex alcaldesa Virginia Reginato", afirmó el diputado querellante, Rodrigo González.

De acuerdo a la interpretación de la Fiscalía, el caso se encuentra en etapa finalizada y añadir otra formalización -sin tener pruebas suficientes- podría derivar en su sobreseimiento.

La Contraloría detectó diferencias significativas entre la venta de entradas al lugar y la recaudación efectiva entre enero de 2017 y julio de 2018. El monto que el municipio pudo percibir por la venta de tickets debió ascender aproximadamente a $1.670.635.800, pero obtuvo $31.802.200.

Entre las medidas se encuentra el control de horas extras, rebaja de costos operacionales, asociación pública-privada, control de probidad de pago de deuda, y controlar la necesidad de ingreso de la Corporación Municipal.