La querella se da en el contexto de lo ocurrido el viernes pasado en la rebautizada Plaza Dignidad, durante manifestaciones. Allí, Luis Rojas Escobar fue perseguido e interceptado por personal de la Prefectura de Control de Orden Público, lo que le hizo caer al suelo y azotar su cabeza contra el suelo. La obligación de los policías en ese momento, según la querella, era aislar el sitio donde yacía inmóvil Rojas y dar cuenta inmediata al centro asistencial, cosa que no pasó. En cambio fue arrastrado a un vehículo policial.

Joven obrero recibió el impacto de una bomba lacrimógena de Carabineros en el sector de Plaza Dignidad, el 6 de marzo de 2020, falleciendo un día después en la ex Posta Central. Según su certificado de defunción, murió por una "laceración de arteria comunicante anterior derecha y traumatismo cérvico cráneo encefálico por impacto con objeto".

También se inició un sumario administrativo al resto del personal institucional que participó en el procedimiento, a fin de determinar su responsabilidad en los hechos.

Entre sus conclusiones, se destacan "privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo"

El objetivo del proyecto es “trazar una línea interpretativa, para los efectos de que las víctimas puedan impetrar la responsabilidad del Estado, y el pago de las indemnizaciones correspondientes por los actos o la omisión del Estado respecto de la protección de todas las víctimas que ha habido de estos procesos de violencia en La Araucanía y en el Estallido Social. O sea, comprende a todas las víctimas. Ese es el sentido político”, detalló el senador Francisco Huenchumilla (DC).

El organismo de seguridad "reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanas"

“Soy la primera menor de edad víctima de trauma ocular, este hecho me cambió la vida” menciona Damary, quien perdió de forma permanente la visión de un ojo y sufrió otras heridas en la parte frontal de la cabeza, hombro y cuello

"Aportaremos nuevos antecedentes destinados a acreditar que la violencia contra los manifestantes fue organizada y obedeció a una política estatal, y que fue deliberadamente dirigida o bien tolerada por los enunciados (gobierno y fuerzas de orden). Nos mantendremos vigilantes del curso de las investigaciones en Chile, en términos de determinar si existe una falta de voluntad de investigar y sancionar a todos los responsables de las violaciones a los dd.hh cometidas, incluyendo a los más altos cargos políticos, policiales y militares", señalan.

Los que perecieron en el hecho formaban parte de un presunto grupo criminal sospechoso de varios asaltos a bancos

Tendemos a olvidar -¡pese a la “revuelta” o “estallido” social de octubre de 2019!- que aquel sistema, basado en la imposición violenta de un modelo ideológico, se mantiene vigente, pese a que la mayoría de chilenos y chilenas desde 1989 eligieron infructuosamente cinco gobiernos proclamadamente de “centro-izquierda” que engañosamente se comprometieron a sustituir dicho modelo, tal como lo habían planteado históricamente desde que lideraron la oposición a la dictadura.