Diputado Alinco y ataques a las ECMPO en Aysén: “Detrás está la industria de la salmonicultura y de la pesquería chilena-internacional»
Alinco por ataques a las ECMPO: «Detrás de algunos personajes está la industria de la salmonicultura y de la pesquería chilena-internacional»
El diputado René Alinco Bustos se refirió a la controversia que se ha generado durante los últimos días en torno a la definición que el jueves 29 de febrero deberá realizar la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), relacionada con la constitución de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en Islas Huichas y Cisnes.
En conversación con Radio FM Namar de Melinka y difundido por El Divisadero, el legislador apoyó que se llegue a acuerdos «donde los diferentes sectores, las comunidades indígenas, los pescadores artesanales, que son los verdaderos dueños de nuestro mar, mantengan o recuperen sus derechos históricos adquiridos«.
Sin embargo, cuestionó los intereses en juego de la industria acuícola: «No podemos olvidarnos de que detrás de algunos personajes está la industria de la pesquería chilena/internacional. Y también está la salmonicultura, que de seguro que va a usar el elemento de trabajo para la gente de Aysén, como lo ha hecho en otras oportunidades, para que sigan conservando sus granjerías«.
En este sentido, Alinco planteó frente a los chantajes que se han señalado sobre los “empleos salmoneros” y por otro lado, en consideración a los impactos industriales y afectaciones a numerosas otras actividades que son parte de la economía tradicional y local, indicó que: «el trabajo es necesario, pero hay que proteger el ecosistema, el medio ambiente, nuestras riquezas naturales. Yo simplemente llamo a la unidad total del sector».
Finalmente el parlamentario hizo «un llamado a superar las diferencias. Desde Melinka a Villa O’Higgins, porque tenemos mar desde Melinka a Villa O’Higgins. Unir el sector. Aquí no se puede pelear ni enfrentar a las comunidades indígenas con los pescadores artesanales, porque somos los mismos. Todos somos peñis. La unidad es la única posibilidad para mantener nuestras costumbres, nuestras raíces y mantener nuestros derechos históricos sobre el territorio marítimo de nuestra región«.
El conflicto transnacional salmonero
El jueves29 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén, se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), de conformidad a ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, denominadas como “Cisnes” y “Huichas”, en medio de una violenta campaña de grupos transnacionales y sectores políticos defensores de los intereses transnacionales, esto ocurrirá a tan solo días del inicio del examen periódico al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En medio de la campaña de desinformación y del clima hostil en contra de las comunidades peticionarias, se ha señalado que un reducido grupo se apropiaría del mar para fines “particulares” o que afectarán otras concesiones. Ante esto, se ha desmentido y se ha afirmado que las solicitudes de ECMPO respetan los derechos adquiridos previamente y las concesiones existentes, tanto de las industrias como de las comunidades de pesca.
La denominada Ley Lafkenche, en el marco de su aprobación, fue aplaudida transversalmente por todas las bancadas parlamentarias, iniciativa considerada como un mínimo de reconocimiento de derechos de uso ancestral.
Amplio respaldo a comunidades peticionarias ECMPO
Cabe destacar, que recientemente, 18 organizaciones y dirigentes de Aysén, apoyados por más de 40 adhesiones de entidades nacionales, han emitido una declaración pública donde desmitifican las acusaciones de la industria de que la aprobación de estas ECMPOs excluirían otras actividades productivas.
“Declaramos nuestro profundo rechazo a la forma en que, desde el sector empresarial y económico, se ha venido enfrentando la discusión sobre la solicitud de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el litoral aysenino, desplazando del discurso público el real objetivo de la Ley 20.249 y el contenido del expediente de tramitación de estas solicitudes; propiciando un escenario de amenaza y transgresión de los derechos de las comunidades y personas indígenas solicitantes” parte la declaración.
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