Vecinos de Chiloé llaman a rechazar Informe de Evaluación Ambiental de mega proyecto eléctrico que se vota este martes

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Desde Chiloé, exigen a Comisión de evaluación ambiental de Los Lagos el rechazo a mega proyecto eléctrico

Denuncian que la empresa no ha cumplido con las bases de licitación y que el último plazo legal para obtener la Resolución de Calificación Ambiental era el 26 de julio de 2022.

Acusan asimismo que el Informe de Evaluación Ambiental contiene errores y omisiones inexcusables y que no incluyó, negligentemente, la consulta indígena de su evaluación ambiental.

Mira el video con declaraciones desde Puerto Elvira, Ancud / Video difundido por Defendamos Chiloé en X

El conflicto Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud y votación de Coeva Los Lagos

Este martes 20 de febrero se someterá a la votación de los jefes de servicios del Gobierno Regional de Los Lagos, un polémico Informe de Evaluación Ambiental que ampara el proyecto Sistema de Transmisión S/E Tineo – S/E Nueva Ancud.

Esto ha generado revuelo en distintas comunidades del norte de Chiloé, las que llevan años enfrentándose a la empresa elegida por el Estado de Chile para encargarse de la transmisión eléctrica hacia el continente, que pasa por la Isla Grande. Además de cuestionar distintos aspectos del proceso que Transelec ha llevado cabo en las localidades, esta vez se levantaron para denunciar que este informe contiene errores y omisiones inexcusables en su evaluación, siendo la empresa responsable de graves retrasos a la fecha, que por ejemplo habría omitido, negligentemente, la consulta indígena en su evaluación ambiental (exigida por el Convenio OIT).

Los vecinos habían acusado antes otros vicios de Transelec: que pidió la toma de posesión material de sus terrenos para construir, pese a que esto no es posible sin tener la Resolución aprobada y los permisos ambientales sectoriales. Todo ello en perjuicio de los propietarios, una mayoría de campesinos sin mayores conocimientos legales. Acusan también que Transelec no está siendo auditado en los plazos (cada dos meses) previstos en las bases de la licitación con la que se adjudicó este proyecto, y que eso ha permitido los abusos que como vecinos están sufriendo. Con ello apuntan también la negligencia del Coordinador Eléctrico Nacional.

“Transelec incurrió en errores y omisiones inexcusables en su evaluación ambiental, siendo ella la responsable de los graves retrasos a la fecha. Nada de eso se dice en las auditorías, en que la empresa culpa al Servicio de Evaluación Ambiental”, explica el abogado que los representa, Eugenio San Román, quien agrega: “Transelec es, además, auditado por Nysa, una empresa que le presta servicios y la tiene de cliente en su página web”, indicaron.

Dieciocho meses después de vencido el plazo legal para que Transelec lograra la tramitación legal que se le exige, los vecinos respiraban aliviados de que sus terrenos finalmente no serían invadidos por esta nueva línea de transmisión. También porque les parecía abusivo el precio ofrecido como compensación, muy bajo la tasación real de esa zona. Acusan que las tierras fértiles de las que han vivido por décadas fueron visitadas a la rápida por tasadores que, acompañados de la empresa en todo momento, las catalogaron en sus informes como “tierras de mala calidad”.

Pero su tranquilidad se acabó el pasado jueves, cuando el SEA de la Región de los Lagos, a través de su director Sergio Ernesto Sanhueza Triviño, envió con urgencia el Informe de Evaluación Ambiental a los jefes de servicios, para que en 5 días lean y evalúen las casi 3.200 páginas, y puedan votar el martes próximo en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación.

“¿Podrán evaluar a conciencia y a cabalidad contenido tan sensible como lo es el potencial daño al medioambiente, a las comunidades indígenas, al patrimonio arqueológico ya identificado y a los vecinos que serán gravemente afectados?”, se preguntan desde el territorio chilote en su declaración pública.

Se trata, además, de las mismas comunidades cuya calidad de vida ha sido perjudicada ya por la construcción del Puente de Chacao, que ha contaminado sus terrenos con desechos e invadido sus vidas y las de sus animales, denunciaron.

“Sentimos que el Estado y esta empresa eléctrica están siendo abusivos, permitiéndole a Transelec poner esta línea eléctrica con inmensas torres en nuestras tierras y obligando a algunos a abandonarlas, favoreciendo a una empresa que ha cometido muchas irregularidades de las que tenemos registros. ¿Cómo se explica que les hayan dado más plazo del que la ley establece? Si esto se aprueba, el miércoles pueden entras las excavadoras en nuestras tierras. Exigimos que cada una de las irregularidades del proceso sean investigadas”, dijo uno de los afectados de Chacao, Marcelo Vidal.

“No es raro que los vecinos se sientan decepcionados del Estado, considerando que el Presidente Boric se reunió con Transelec en La Moneda, pero cuando nosotros solicitamos vía Plataforma de Lobby una reunión con el subsecretario de Energía, en 2022, ni siquiera nos atendió la persona que figuraba en la citación, sino alguien que no sabía del tema, que se enteró de la reunión in situ y que nos dijo que el ministerio no tenía facultades al respecto. Evidentemente el trato a las empresas y a las comunidades es desigual”, afirmó el abogado Eugenio San Román.

Por esta razón los vecinos solicitan la invalidación de todos y cada uno de los actos administrativos dictados dentro del procedimiento de evaluación ambiental y el procedimiento mismo, a partir del día 10 de febrero de 2022, fecha en la que se cumplieron los 120 días administrativos de plazo de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental a que se refieren las normas imperativas. Este, en casos calificados, sólo puede ser ampliado por sesenta días adicionales, plazo que se cumplió el día 26 de julio de 2022, o sea hace 18 meses. “Parece, al menos irregular, esta repentina celeridad para que los jefes de servicios y el gobernador aprueben, a través de una votación que, de efectuarse, estará en abierta contravención al principio de legalidad y juridicidad a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y al artículo 2 de la Ley 18.575 de bases de la Administración del Estado”, afirmó el abogado, quien acompaña a los vecinos en su campaña por detener la aprobación hasta una exhaustiva revisión del proceso.

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