Toda persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos humanos mientras estuvo bajo la custodia del Estado, ya sea en centros de cuidado residencial o de justicia juvenil, públicos o privados, entre los años 1979 y 2024, puede agendar desde ya la entrega de su testimonio de forma presencial, virtual o por escrito, según sus posibilidades y necesidades.