Claudio Crespo ha sido sindicado como uno de los agentes represivos más brutales durante las movilizaciones sociales. Sus acciones, han sido objeto de denuncias desde las movilizaciones estudiantiles de 2011, y en las que se sucedieron tras el estallido social de octubre de 2019.

En la querella se enfatiza que durante la violenta manifestación “se afectó gravemente la seguridad e integridad de los pacientes que pudieron haber necesitado ingresar al hospital, hecho particularmente grave cuando el país enfrenta una pandemia sin precedentes”.

Respecto a las alzas, los servicios que destacaron fueron el servicio de transporte aéreo (10,9%), los automóviles nuevos (2,6), el servicio de transporte en bus interurbano (11,2%), y el gasto común (4,9%).

“El gobierno de Piñera quiere que el proyecto en Las Salinas se vote en el comité de ministros a pocas semanas que termine su mandato. Esta conducta beneficia únicamente a su socio y amigo Angelini y, además, ratifica los conflictos de intereses que como comunidad afectada hemos denunciado durante años”, denunciaron los integrantes del Movimiento Un Parque para Las Salinas.

La situación generó fuerte rechazo de gran parte de las autoridades de la zona, puesto que las comunas de Pucón y Villarrica se encuentran en la Fase 2 (Transición) del plan Paso a Paso, debido al alza de contagios.

Los hechos comenzaron el viernes 4 de febrero, cuando dos buques militares artillados incursionaron en aguas del Golfo de Fonseca a 50 y a 26,1 millas náuticas al suroeste de Punta Cosigüina.

“La salud mental es un derecho de todo niño y niña, como lo es para los adultos (...) los maestros, los padres, los gobiernos y los propios niños y niñas deben actuar sobre los desafíos de salud mental que enfrentan los niños y niñas”, señalaron los adolescentes en sus intervenciones.

La iniciativa propone como primeras disposiciones definir al Mundo Rural, así como buscar brindar un "reconocimiento a la población rural formada fundamentalmente por campesinos y campesinas, pueblos originarios, pescadores artesanales, recolectores artesanales y otras personas que trabajan en zonas rurales, como sujetos históricos, portadores de una cultura y cosmovisión propias".

En los últimos 3 años el aporte de Chile a la SEGIB se incrementó en casi US $130.000,equivalentes a 208 millones de pesos. Asimismo, el Estado habría desembolsado casi $30 millones en gestiones para lograr nombramiento de Allamand como Secretario General de la SEGIB.

El artículo establece que Chile está "conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado".