El proyecto de ley presentado con urgencia por el Gobierno saliente, no consideró una Consulta Indígena previa conforme al Convenio 169 de la OIT al cual Chile suscribe. A su vez se ha denunciado que desarticularía la institucionalidad patrimonial descentralizada vigente.

La defensa había pedido que ex comandante del Ejército - quien renunció el pasado miércoles en su última cuenta pública - fuera interrogado en su domicilio particular, ubicado en Lo Curro, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, lo que fue negado por la ministra Rutherford.

La Contraloría determinó que el municipio desembolsó $27.834.240 anual, por la prestación de servicios a honorarios, a una persona que a su vez es funcionario de la planta municipal, y desempeña el cargo de jefe (S) de eventos y recreación, cuya tarea está implícita en sus labores normales.

El incidente se produjo al final de la ceremonia de conmemoración de los dos años de la pandemia, cuando se registró el primer caso de Covid-19 en Chile. En ese momento, la mujer que participaba en actividad le dio vuelta una botella de agua en la cabeza al presidente Piñera.

La parlamentaria humanista pidió a sus seguidores que firmen la petición y la difundieran en redes utilizando el hashtag #FirmaporunQuintoRetiro.

"Acá estamos hablando de personas que han tenido altísimas responsabilidades en el Estado (…) y uno espera que se comporten a la altura de esas responsabilidades, del honor que tuvieron”, dijo el parlamentario socialista.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que la defensa de Ricardo Martínez, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, habría presentado una reposición relacionada con algunas solicitudes previas a la diligencia.

El Conaf descubrió dos nuevos focos a solo dos kilómetros al oeste del incendio principal, lo que hace presumir una intencionalidad. "Es un sector que está contra el viento, por lo tanto no hay ninguna forma que las llamas hayan llegado desde el foco principal, a menos que haya prendido por terceros”, señaló Francisco Pozo, director regional de la institución.

La instancia aprobó que serán obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, torturas y la desaparición forzada.

"Considero gravísimo e inaceptable que un militante de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Diversidad de ese partido, funcionario público de Corfo hasta el 31 de diciembre pasado, se sienta con el derecho de hacerme una amenaza pública, y llamar a hacerme daño en mi hogar, lugar donde resido con mi marido, mis hijas e hijo pequeño", dijo Campillai en un comunicado.