Aunado a la tragedia que supone la muerte del niño Tomás Bravo, la información ofrecida por el fiscal de Arauco sobre el hallazgo del cuerpo y la detención del tío abuelo Jorge Eduardo Escobar Escobar, como presunto responsable, traspasó el límite de lo morboso.

"En un principio sería un homicidio simple, pero hay que determinar los factores de los peritajes para establecer una calificación jurídica", afirmó el fiscal de Arauco, José Ortiz.

"De ninguna manera, en mi opinión y en mi posición, es aceptable una intervención militar y una intervención a través de un Estado de Sitio”, afirmó la presidenta del Senado Adriana Muñoz.

El abogado Pedro Hernán Águila Yáñez es conocido por haber sido la cabeza del equipo que se encargó de la defensa del expresidente de SQM, Julio Ponce Lerou, por su actuar en las operaciones irregulares en el denominado caso Cascadas.

"Nosotros, como mapuche, estamos preocupados principalmente de la forma en que el Gobierno implementa su sistema militar para reprimir a las comunidades”, dijo el lonko del Lof Radalko, Alberto Curamil.

La hipótesis de un eventual secuestro cobra fuerza entre los familiares de Tomás Bravo. Esta posibilidad ha ganado terreno considerando que -pese a la amplia búsqueda realizada en el sector de Caripilun- no se ha encontrado rastro alguno del pequeño de tres años y siete meses.

En el predio de la empresa agrícola “El Cerrito", sociedad controlada por Luksic y ubicada en la comuna de Paihuano, en el Valle de Elqui, Región de Coquimbo, existía un estanque artificial, un ducto y una bomba hidráulica que extraía clandestinamente agua desde el estero “El Derecho”.

Esta tesis de un atropello cobraría valor, debido a la tendencia que tuvieron los perros de búsqueda de dirigirse hacia la carretera.

Las declaraciones de Andrés Allamand ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU causaron indignación y rechazo en los ciudadanos, quienes a través de las redes sociales criticaron al gobierno de Sebastián Piñera su desconexión con la realidad y le recordaron al canciller que en el país persiste la crisis social, política y económica que gatilló el estallido social en 2019.

El centro prevé construirse en la comuna de Ercilla, una localidad asediada por la actividad industrial forestal y que ha sido escenario de crímenes, agresiones y violaciones de derechos humanos de los uniformados contra el pueblo mapuche.