"Necesitamos una brújula muy firme para manejar el timón en el control de esta pandemia y tengo que reconocer la brújula que nosotros usábamos tenía dificultades enormes y esa brújula se llama el sistema informático Epivigila", afirmó Mañalich.

El presidente del Consejo Indígena Mapuche del Bajo Bío Bío Fuxta Txawun, Juan Pichilen Linco, exigió una respuesta ante la negativa de los directivos del Conadi en prestarles colaboración, argumentando también problemas de comunicación con el Gobierno Local.

La constitución actual le quita a los diputados y senadores la posibilidad de proponer y de resolver sobre un grupo grande de las cuestiones más importantes que determinan lo que sucede en el país.

A juicio de los defensores de DD.HH. Martínez Menanteau muestra "un desconocimiento absoluto de los estándares internacionales sobre la prohibición del cumplimiento del deber en los casos en que se afectan los derechos humanos y sobre los principios internacionales sobre el uso de la fuerza, específicamente, del principio de proporcionalidad".

El doctor Marcelo Navarrete, coordinador del Centro de Investigación Docente de la Universidad de Magallanes, aclaró que aún es muy pronto sacar conclusiones sobre esta variante de la cepa del COVID-19, pero que sería posible que explique el nivel de contagio en la región.

Para el martes 27 de octubre en el Tribunal de Juicio Oral de Angol quedó agendada la reanudación del juicio oral en contra de los imputados en el asesinato de Camilo Catrillanca

Este 2 y 3 de octubre la Asamblea Ciudadanía Constituyente por el Apruebo, donde confluyen No más AFP, Colegio de Profesores, Fundación Daya, entre otras, sondeará aspectos previos al plebiscito, como el órgano que debiera redactar el nuevo texto y la participación de independientes.

El capitán Rafael Harvey denunció que una comisión a la República de China que debió ser de 3 semanas, se limitó a dos días de visita, mientras que el resto habría sido un tour pagado por el fisco de Chile.

El Senado rechazó la indicación que proponía una proceso de regularización extraordinaria en un plazo de 90 días posteriores a la aprobación de la ley.

La empresa Inversiones Orange S.A. respondió tras dos prórrogas al Servicio de Evaluación Ambiental y el municipio prepara un nuevo pronunciamiento en oposición al proyecto.