El Paisaje Cultural Vitivinícola avanza hacia su declaración como Patrimonio Mundial.

El fisco deberá pagar una indemnización por $45 millones a cada una de las 4 víctimas que fueron sometidos a detenciones ilegales y torturas perpetradas por agentes del Estado en diversos periodos, entre 1973 y 1985.

Hoy, jueves 20 de febrero, el abogado patrocinante Gustavo Burgos V., presentó en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar una querella por estafa en contra de José Massú Márquez, propietario del terreno utilizado por el campamento Edén de Lajarilla, ubicado en el sector Reñaca alto de la Ciudad Jardín. La organización comunitaria afirma que el sitio ocupado fue producto de un acuerdo voluntario con el dueño, el cual ahora lo desconoce. La Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió una orden de desalojo para este 22 de febrero.

Durante una entrevista en Radio Futuro, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “si se le tenía que dar muerte a alguien que está incendiando un edificio, se hace”.  

El abogado de la diputada Catalina Pérez, Gonzalo Medina, confirmó que su equipo de defensa pretende apelar al desafuero en la Corte Suprema.

La diputada del Frente Amplio enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos para brindar una alternativa habitacional a las cerca de 10 mil personas que podrían ser desalojadas desde el 27 de febrero.

Una investigación de CIPER reveló que la Corporación de Fomento en la Producción (Corfo) destinó 23,2 millones de dólares al Fondo de Inversión Privado (FIP) Minería Activa Tres, gestionado por Larraín Vial y que a su vez financió proyectos mineros en los que participó la familia del expresidente Sebastián Piñera durante su primer mandato.

El Equipo de Investigación de El Ciudadano revisó la Transparencia Activa del municipio de enero de 2025 y pudo dar cuenta del millonario sueldo que recibe Germán Becker por este nuevo cargo.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Talagante acreditó la existencia de torturas efectuadas contra Héctor Pérez Catalán, quien fue brutalmente agredido por agentes del Estado en el marco del estallido social. Sin embargo, el tribunal dictaminó que no existen suficientes pruebas para demostrar la participación del subcomisario imputado, Manuel Ortiz Otárola. 

La Municipalidad de Ñuñoa confirmó que la sala de cine seguirá funcionando, sin embargo aún no ha aclarado los motivos de las desvinculaciones.