La falta de avances en acciones significativas, así como el sostenido y creciente sentimiento de abandono del Estado por parte de las víctimas y sus familias son una deuda que debe molestar a la ciudadanía, porque es un incumplimiento no solo al programa de gobierno que la mayoría del país votó, sino que al imperativo moral de que no es correcto el daño que se les realizó por acción y ahora por omisión.