Una agencia de ciberseguridad nacional que informa filtraciones después de que ocurren, sin rendir cuenta de los estándares de seguridad que debían haberse exigido antes, no está cumpliendo a cabalidad con su función. Esta crítica no es menor: si el Estado no puede proteger sus propias credenciales, con qué autoridad podemos exigirles al privado que asegure protocolos robustos de seguridad.

"Lo ocurrido durante el estallido social fue ampliamente documentado por organismos nacionales e internacionales: existió un uso desproporcionado de la fuerza, con más de 450 víctimas de trauma ocular y graves vulneraciones a los derechos humanos", señalaron las y los diputados en una declaración pública, enfatizando en que la absolución del excarabinero constituye "no solo una decisión judicial cuestionable, sino una forma de impunidad normativa".

La aplicación de la ley "Naín Retamal" eximió de responsabilidad al expolicía, al estimar el tribunal que su acción estaba justificada en la "legítima defensa", figura que -recordemos- fue modificada por esta nueva norma legal. De no haber existido la ley "Naín Retamal", Crespo habría sido condenado por apremios ilegítimos, tal como solicitaba la Fiscalía.

La decisión de Kast de solicitar la renuncia del entonces superintendente José Miguel Salazar, en plena etapa de resolución del caso contra la USS en un limbo y a superintendenta subrogante, Daniela Poblete, se ha limitado a señalar que “el proceso está en curso, sin cierre aún”

Hechos se remontan a enero de 2026, cuando el entonces ministro Nicolás Cataldo le pidió la renuncia al director del SLEP de Atacama tras hacerse públicos los detalles de la celebración del aniversario del Servicio: una fiesta con limusina de lujo, cámaras 360°, luces, tortas y alcohol. En este contexto, en un acto, Boric comentó "que bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido persona más descriteriada... de los descriterios más grandes que he visto", lo que motivó la presentación de la acción judicial por parte del aludido. 

Abogada defensora María Rivera y Ernesto Llaitul, vocero y hermano de uno de los acusados, denunciaron que el proceso constituye una operación de persecución política contra comunidades mapuche y militantes vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), señalando que ni la fiscalía ni los querellantes tienen alguna prueba directa que inculpe a los acusados.

En la resolución del Minvu que ordenó paralizar y demoler las obras de reconstrucción que se realizaban en El Olivar, se argumentó que los fiscalizadores habían emitido informes técnicos que daban cuenta de "graves fallas constructivas". Sin embargo, un reporte de la unidad de investigación de Radio Biobío informó que en dichos documentos no se hace referencia a ninguna "grave falla constructiva".

La determinación de la Corte se basó en los alegatos de los abogados querellantes quienes argumentaron la existencia de pruebas para desestimar la versión oficial de la dictadura, que pretendió hacer pasar como un suicidio la muerte del histórico dirigente socialista y ministro de Interior y de Defensa del gobierno del presidente Salvador Allende

Martín Kunstmann Rojas, estuvo a punto de arrollar a la adulta mayor de 73 años y acto seguido descendió del auto para gritar e insultar a la adulta mayor, y cuando ella ya se alejaba, descendió por segunda vez para golpearla por la espalda

Una extrabajadora de Flores, quien señaló que se desempeñó durante 9 meses como cuidadora de su hija, relató la ausencia de contrato laboral y el pago exclusivo en efectivo, sin boletas de honorarios ni retenciones