El delito fue cometido por el comandante y un voluntario de la 3ra Compañía de Bomberos, quienes fueron formalizados por el cargo de Hurto de Bienes Nacionales de Uso Público, luego de ser sorprendidos llenando una piscina.

El regulador solicitó detalles legales y financieros sobre la adquisición de la sociedad que administra a Universidad de Chile.

La defensa de Luis Hermosilla argumentó que la investigación de la fiscalía está empañada por elementos políticos y por la pérdida del principio de objetividad. "Él no es un peligro para la sociedad. Es una persona de 68 años, con problemas de salud graves, pero al mismo tiempo que ha colaborado con la investigación", señaló Juan Pablo Hermosilla.

Si bien el presidente Gabriel Boric se había comprometido a ingresar el proyecto de aborto libre al Congreso antes de fin de año, la ministra Orellana explicó que se suspenderá la tramitación debido a que el Gobierno se encuentra trabajando en la modificación del reglamento que regula la interrupción del embarazo en tres causales: "Hoy nuestro país tiene un amplio y transversal acuerdo que son las tres causales y estamos buscando mejorar su implementación (...) Luego vamos a avanzar con este tema que sabemos que tiene posiciones más divididas".

En un audio se puede apreciar el momento en el que Barriga le pide a un funcionario de El Quisco que redacte un certificado bajo instrucciones precisas, el cual fue presentado ante la justicia por sus abogados para solicitar la interrupción de su arresto domiciliario.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco pagar una indemnización de $50.000.000 por daño moral a la hija de una víctima que estando embarazada fue torturada durante la dictadura.

Se trata del sistema Coxiris, desarrollado por investigadores de la Universidad de La Frontera “para detectar, obtener imágenes y tratar o eliminar neoplasias o tumores, el cual funciona a través de rayos X biomarcados con nanopartículas metálicas”.

El reajuste del 4,5% del IPC en enero, más el 20% que implementará el municipio, representará una inversión de 530 millones de pesos.

El SEA busca impugnar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que cuestionó la legalidad de la resolución que adoptó el Comité de Ministros del Gobierno cuando rechazó el proyecto minero-portuario de Andes Iron.

Por su parte, Mario Desbordes sugiere que la PC habría recibido un trato preferencial durante gestiones anteriores, específicamente durante el mandato de Irací Hassler.