Miles de manipuladoras de alimentos marcharon el 1 de mayo en diversas localidades del país exigiendo garantías para el PAE tras un oficio de Hacienda que evaluaba su continuidad. Advierten riesgo para niños y empleos. “No solo afectaría a estudiantes, sino también a numerosas familias”, alertaron, mientras Gobierno niega eliminación.

Reconocer a quienes defienden el medio ambiente no es solo un acto simbólico: es parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia entornos más seguros para quienes defienden derechos fundamentales, y hacia una democracia ambiental que pueda sostenerse en el tiempo.

El Estado debe garantizar lo básico sin excusas, con una voluntad política capaz de sostener, de verdad, a sus estudiantes y a todo el sistema educativo. Mientras existan debates como el actual no estaremos educando, sino más bien, fallando en la construcción del país que estamos forjando.

Dirigentes sindicales marcaron el 1 de mayo con un fuerte llamado a frenar retrocesos en derechos sociales y laborales, en medio de un escenario económico complejo y tensiones con el Ejecutivo.

El diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini, ambos del PS, publicaron en sus redes sociales un video donde rebautizan la llamada Ley Miscelánea del gobierno de José Antonio Kast como la “Ley de los Súper Ricos”. En el viral los legisladores apuntan a que mientras las familias chilenas enfrentan el alza del costo de la vida, empujado por el aumento del precio de los combustibles en el denominado “bencinazo”, y amenazas de recortes sociales, el Ejecutivo empuja una reforma tributaria que entrega un beneficio al 1% más rico.

El 1 de mayo llega con el bolsillo apretado y la tijera fiscal sobre la mesa: la CUT rechazó la oferta del Gobierno para el sueldo mínimo, mientras Hacienda proyecta ajustes sobre programas de empleo, previsión, capacitación y formación sindical.

SENDA, el organismo que trata las adicciones en Chile, depende del Ministerio del Interior. El mismo que manda a Carabineros. Esa no es una coincidencia administrativa: es la decisión política de tratar una enfermedad del cerebro como un problema de orden público. Y lleva 35 años costando vidas.

Respecto a la situación de los chilenos que viajaban en la Flotilla, el abogado Nelson Hadad dijo que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se les informó que han tomado un acuerdo para que puedan viajar a Grecia, "pero no sabemos el estado en que se encuentran, si han sido objeto de violencia. No lo sabemos", indicó el profesional.

Según reveló un reporte del canal Mega, se trata de sujetos procesados por delitos como lavado de activos, asociación criminal, robo con intimidación, receptación, extorsión, falsificación de documentos públicos, tenencia de armas y delitos tributarios, entre otros, agregando además que la subsecretaria del Gobierno de Kast también asumió la defensa de un extranjero imputado por infracciones a la Ley de Armas.

La noticia fue dada a conocer por el diario La Segunda, que publicó en su portada una información detallando que la ministra mantiene una sociedad comercial con un abogado que defendió a un traficante, señalando que se trata de su expareja, Rodrigo Irrazabal Izikson, quien "figura en el catastro de los defensores en casos de narcotráfico que la Ley de Drogas obliga a registrar".