Incorporación se suma a un proceso que durante los últimos meses ha reunido a distintas expresiones políticas, sociales y territoriales, entre ellas Firmes por Chile, la Izquierda Cristiana, dirigentes independientes y liderazgos surgidos desde el mundo municipal y regional.

No estamos hablando precisamente de modestos ciudadanos enfrentados a la burocracia estatal, sino de empresarios y profesionales con recursos suficientes para defender sus negocios por las vías legales.

"El mismo gobierno que en campaña tildaba a la candidata Jara de 'tratar con amor a los delincuentes', hoy le rebaja la pena a 29 personas por violación, y a 27 por abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Los pro-familia, ¿así cuidan a la familia?", manifestó Ibáñez durante la hora de incidentes del Senado.

Comunidades y especialistas advierten que el Gobierno no puede ignorar los nuevos antecedentes sobre conflictos de interés que se dieron a conocer sobre el caso Dominga, las causas judiciales pendientes ni los informes técnicos que fundamentaron el rechazo ambiental del proyecto minero-portuario.

La solicitud fue realizada por el diputado Luis Cuello (PC), el senador Daniel Núñez (PC) y los diputados Consuelo Veloso (FA), Juan Santana (PS) y Patricio Pinilla (DC), quienes emplazaron y exigieron al Ejecutivo a acelerar la tramitación del proyecto para entregar una solución a los trabajadores afectados.

Tras adjudicarse el Concurso de Vinculación con la Comunidad del GORE Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, un equipo interdisciplinario de la Fundación Desierto de Atacama puso a disposición de la ciudadanía el portal geoglifos.cl, el cual, mediante videos, imágenes e información sobre estas manifestaciones ancestrales, se propone contribuir al conocimiento, divulgación y protección de este patrimonio único a nivel global.

El Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) de la Universidad fue la única institución colaboradora cuya asignación se eliminó, pese a que su convenio 2026 se ha cumplido a cabalidad.

"El Gobierno insiste en que la austeridad es necesaria para levantar al país y la responsabilidad fiscal es una decisión legitima, pero cabe preguntarse por qué el ajuste siempre empieza por el computador de un niño de 7° básico, por la universidad pública y por el bolsillo de quien se endeudó para estudiar ¿Cómo se levanta un país apretando primero a quienes menos tienen?"

"Buscar responsabilidades políticas es lo que corresponde e impedir que este tipo de rebajas de penas sigan prosperando", señaló el diputado Marcos Barraza, subjefe del Comité PC e Independientes.

La noticia fue dada a conocer por el medio Interferencia. En su reporte, detallan que el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos de reducción de condena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, de los cuales 27 son condenas por abuso sexual de menores, y 29 por violación.