Parlamentario recibió la respuesta del Servel a un oficio que envió por el caso de Fernando Cerimedo y sus redes de bots en Chile, donde aparecen distintos antecedentes, entre ellos, que Numen, la empresa de Cerimedo, facturó $25,7 millones a tres candidaturas a la Convención Constituyente en 2021. Para el diputado, Mariana Aylwin "debe transparentar qué servicios contrató".

Iniciativa fue aprobada por la Cámara y pasó al Senado. Para la legisladora del PC, "este proyecto tiene otro objetivo, y hay que decirlo claro: criminalizar la protesta social y el descontento". "Lo que se pretende es permitir que una persona pueda ser castigada por obstaculizar parcialmente la circulación, incluso sin ejercer violencia, si no acata un requerimiento de la autoridad", alertó la diputada González, quien cuestionó además que el gobierno de Kast insista "convenientemente en confundir orden público con seguridad pública".

De acuerdo a la normativa vigente, la iniciativa requería de un mínimo de 89 votos favorables, pero alcanzó 88, frente a 28 en contra y 19 abstenciones. De acuerdo a la normativa vigente, el Presidente puede solicitar que la iniciativa pase al Senado, donde se requeriría su aprobación por los dos tercios de la sala. De contar con dicho respaldo, retornaría a la Cámara, donde sólo podría volver a desecharse con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes.

"Lo paradójico es que, mientras en Chile la derecha se niega a un gesto tan básico como guardar un minuto de silencio, en Washington el canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador Andrés Ergas encabezan homenajes a la memoria de Letelier", comentó el diputado Gonzalo Winter, quien presentó la solicitud.

Reporte de Ciper consignó 2 declaraciones judiciales del exasesor Julio Lillo, quien aseguró haber visto a Flores recibir un sobre en las afueras de su domicilio, de manos del expresidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, Carlos Swett, "en plena campaña electoral y poco después de que se terminara de discutir la nueva Ley de Notarios". Poco después, Percy Marín, exmarido de la legisladora, le habría dicho que el lobby de esa ley "había llevado a que se entregaran dineros a parlamentarios".

"Ha sido una comisión compleja porque no hemos tenido transparencia, principalmente del Comité de Auditoría de Codelco, dado que están tapando todo. No quieren transparentar realmente lo que ha sucedido", alertó el parlamentario.

Diputadas y diputados recordaron que nuestro país "ya conoce el peligro de convertir a quienes piensan distinto en enemigos que deben ser eliminados", repudiando además que "un Presidente extranjero venga a Chile a tratarnos como un enemigo que debe ser eliminado de las instituciones".

Desalojo de las tribunas se produjo en medio de una serie de provocaciones de parlamentarios oficialistas como Rojo Edwards, quien calificó a las trabajadoras de "desquiciadas" y "trastornadas". "Como central hemos solicitado una reunión a la presidenta del Senado para que dé respuesta respecto del comportamiento de los parlamentarios", afirmó Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y la Equidad de Género de la Central.

“Las concesionarias no pueden hacer lo que quieran. El Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, tiene una responsabilidad como mandante y debe garantizar que el servicio que se está entregando cumpla con las condiciones de seguridad exigibles”, enfatizó, haciendo un llamado a que la Contraloría "realice una fiscalización rigurosa y permita establecer las responsabilidades correspondientes".

El emplazamiento se suma a la denuncia presentada en 2025 por Manouchehri y Cicardini ante el Ministerio Público por presuntas redes de hostigamiento, desinformación y cuentas coordinadas vinculadas al Partido Republicano, acción que buscaba indagar eventuales delitos informáticos, asociación ilícita u otros ilícitos asociados a campañas digitales contra adversarios políticos.