Diputados y senadores de RN, la UDI, Republicanos, Evópoli e independientes solicitaron gestiones diplomáticas “del más alto nivel” para esclarecer la prohibición de ingreso de José Nicolás Khamis Thomas, y cuestionaron las acusaciones formuladas públicamente por el embajador de Israel en Chile.

"El Tribunal Constitucional dio admisibilidad a los tres requerimientos presentados por la Cámara de Diputados y el Senado. En sencillo, lo que dicen es que hay fundamento suficiente para discutir materias de fondo respecto si se ha vulnerado o no la Constitución en las materias que se presentan", explicó el diputado Barraza, recordando que lo que se está cuestionando son "materias de fondo" como la invariabilidad tributaria y la indemnización a empresas que dañen el medioambiente.

Senadores aprobaron el último artículo pendiente del proyecto de "reconstrucción nacional", que aún debe pasar por el Tribunal Constitucional y por los vetos anunciados por La Moneda a las indicaciones de la Oposición. Una vez concluida la votación, desde las tribunas, Camila Nieto, jefa comunal porteña, interpeló a viva voz a las autoridades presentes acusándoles de gobernar "de espaldas a la pobreza de Chile".

"Cuando una ley puede generar un beneficio patrimonial para quienes la votan, es legítimo preguntarse si nuestro sistema cuenta con resguardos suficientes para prevenir eventuales conflictos entre el interés público y los intereses particulares", declaró al respecto la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien dio a conocer la información.

Para los legisladores y legisladoras, el fallo genera un precedente preocupante para Chile en materia de justicia y verdad, calificando además como "parciales e imprudentes" las declaraciones de José A. Kast sobre el caso: "Exigimos que el Presidente Kast se comporte con la responsabilidad que le asiste a un jefe de Estado", manifestaron.

Presidente del Partido Republicano pidió al gobierno de Kast avanzar en la privatización de Codelco "o al menos parte de su propiedad" para que -dijo- "entre oxígeno privado a esa empresa", ante lo cual el diputado Tapia le recordó que la minera "le pertenece a todas y a todos los chilenos. Codelco es del Estado: no le pertenece a republicanos. Si ustedes hubieran dicho esto en su campaña, tengan la seguridad que no serían gobierno", afirmó el parlamentario por la Región de Atacama.

Indagatoria se inició tras la denuncia de un exfuncionario que aseguró que antes de firmar su contrato de trabajo, fue citado a una reunión con el jefe de gabinete de Kusanovic, quien le explicó que del sueldo que percibiría por sus labores debía devolver mensualmente la suma de 500 mil pesos "para pagar gastos del senador".

"Le hace mal a la política y a la administración pública, porque aún no entiende cuál es su rol", señaló el alcalde Jorge Jil Herrera en un video publicado en sus redes, donde dio a conocer detalles de lo que calificó como una "constante persecución" del parlamentario, a quien acusó de incluso ir a molestarlo su casa después de las 11 de la noche, "cuando uno ya está descansando".

La indicación -aprobada en comisión mixta- trajo consecuencias pues el gobierno tuvo que quitar la urgencia a su proyecto de megarreforma al no contar con los votos necesarios en el Senado para aprobarla. Con esto, la iniciativa se votaría durante la primera semana de agosto.

Parlamentaria cuestionó duramente la respuesta del Ejecutivo, señalando que la medida adoptada hasta ahora resulta insuficiente frente a la magnitud de la tragedia: “El gobierno inventó y se autoproclamó ‘gobierno de emergencia’, y a la primera emergencia real hicieron agua. El Estado de Catástrofe era necesario pero en Atacama llegó tarde y sigue siendo insuficiente”, afirmó.