Documento revelado contiene referencias explícitas a la orientación política de algunos funcionarios, incluyendo expresiones como "zurdo" y "zurda", lo que ha generado "preocupación respecto al uso de criterios ajenos a la función pública en la evaluación o clasificación del personal", planteó la legisladora del Frente Amplio.

"La movilidad social se construye ampliando oportunidades, no recortándolas. Ese es el problema de fondo en cada decisión que está tomando el gobierno. Hay una desconexión con la realidad de la clase media y de las familias más vulnerables", afirmó el legislador del Distrito 8.

“Si hoy se les exige a diputados, alcaldes y autoridades de gobierno, el Senado no puede quedar al margen”, apuntó la legisladora.

En un oficio dirigido a la Comisión de Ética del Senado, la parlamentaria indicó que "si bien dichos hechos no se habrían cometido en nuestra corporación, debemos adoptar medidas preventivas para que ello no ocurra, pues el daño a la credibilidad e imagen afecta a todos quienes ejercemos una función pública".

Debido a la no presencia de la ministra Trinidad Steinert y de su subsecretario, Andrés Jouannet, la sesión no pudo llevarse a cabo, causando descontento y cuestionamientos en todo el espectro político, incluyendo a personeros del oficialismo, como el senador Rodolfo Carter, que calificó la situación como "impresentable".

Parlamentaria dijo tener algunas dudas sobre la constitucionalidad de algunas normas procesales que se incluyen dentro del proyecto presentado por el gobierno de Kast.

A través de un artículo único, la iniciativa establece que se considerará como robo y se castigará con la pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio (5 años y un día a 15 años), la apropiación de dinero o especies cometida en un inmueble dedicado a la vivienda, local comercial u oficina, cuando estos hechos sean perpetrados por un grupo de individuos valiéndose de tumulto o multitud, sin que medie violencia o intimidación directa hacia las personas.

Legisladoras recordaron que el artículo 37 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres establece la obligación del Ministerio de la Mujer, a través del Sernameg, de querellarse en este tipo de casos.

Proyectos como las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), el control migratorioy el refuerzo de la seguridad en recintos educacionales, entre otros, serán parte de las iniciativas que la mesa del Senado buscará coordinar con el Ejecutivo para legislar de manera "urgente".

Entre las medidas que se disponen como agravantes se cuentan la adulteración o mezcla de sustancias, incrementando el posible daño a la salud pública; el uso de embarcaciones o aeronaves para trasladar sustancias ilícitas; y la simulación y tecnología en comercio exterior con el fin de encubrir tráfico internacional.