La propuesta plantea incorporar una norma transitoria en la Constitución para derogar los decretos dictados por el Gobierno —incluidos los del Ministerio de Hacienda y Energía— que modificaron el cálculo del precio de los combustibles, permitiendo así volver a los valores vigentes al 25 de marzo.

Actualmente, la legislación vigente no impide que exmiembros de las Fuerzas Armadas y de Orden perciban simultáneamente su pensión de retiro y una remuneración estatal, "generando en consecuencia una situación de privilegio respecto del resto de los trabajadores, y un uso cuestionable de los recursos públicos", afirmaron las y los parlamentarios impulsores de la iniciativa.

La propuesta autoriza a los extranjeros que cotizan o han cotizado en alguna AFP, a retirar sus fondos y llevárselos a sus países de origen, o bien ocuparlos en buscar nuevos destinos para vivir.

La parlamentaria contó con el respaldo transversal de los senadores integrantes de la instancia: Fidel Espinoza (PS), Ricardo Celis (PPD), Matías Walker (Dem) y Enrique van Rysselberghe (UDI), dando cumplimiento al acuerdo administrativo de los comités parlamentarios de la Cámara Alta.

Situación ocurrió en la sesión de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, donde la parlamentaria frenteamplista cuestionó los dichos de la funcionaria de gobierno: "Prodemu vive una situación compleja y ante ello, la subsecretaria de la Mujer intenta pasar información falsa como real", afirmó Beatriz Sánchez, quien aseguró que el ministerio del ramo sí recibió información al respecto, de parte del Sindicato de Prodemu.

Parlamentario afirmó que la iniciativa impulsada por la administración de Kast, que agrupa cerca de 40 medidas en diversas áreas, requiere ser tramitada en múltiples comisiones para garantizar un debate adecuado, informado y acorde a la complejidad de sus contenidos. Desde La Moneda, en cambio, buscan que la discusión se concentre solo en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Se designó una comisión ad honorem para ejecutar el proyecto, que estará integrada por un representante del directorio de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, quien la presidirá; por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile; por dos diputados y dos senadores elegidos por la Cámara y el Senado; por el alcalde de la Municipalidad de Santiago; y por dos exministros o exsubsecretarios colaboradores de los gobiernos de Piñera, elegidos por el directorio de la fundación.

Parlamentarios y parlamentarias advierten un alto impacto en el costo de la vida y proponen anular los decretos que provocaron el “bencinazo”.

"Exigimos a la Cámara de Diputadas y Diputados entregar certezas al respecto y, por su parte, al Ministerio de Hacienda, liberar los recursos que nos corresponden como trabajadores pues ya se ha incurrido en una situación de ilegalidad que no ha sido debidamente atendida", advirtieron desde Afutraparch.

Diputado Jorge Brito (FA) recordó que la Ley Longueira "es la mayor vergüenza de la política chilena. Terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción, y para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias en ocho regiones del país". Decisión ya fue informada al Consejo Nacional de Pesca.